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Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
Como es bien sabido estamos sumidos en la más profunda crisis económica y social desde la guerra de los Mil días a consecuencia de la pandemia y todo es incertidumbre porque aún no se logra aplanar la curva de contagios y no se sabe a ciencia cierta cuándo se dispondrá de la vacuna. Todos los expertos coinciden en que la reactivación de la economía será muy lenta y aconsejan que la misma sea sostenible, esto es alineada con la COP21 y los ODS.
Según acaba de anunciar el Presidente de la República Iván Duque en la instalación de las sesiones del Congreso, pondrá en marcha un Nuevo compromiso por el futuro de Colombia, el cual contempla acelerar 27 proyectos estratégicos de energías renovables y de transmisión, de los cuales 9 de ellos se desarrollarán en La Guajira mediante la instalación de igual número de parques eólicos, 5 granjas solares – fotovoltáicas en el departamento del Cesar y las 9 lineas de transmisión se ejecutarán en los territorios de La Guajira y el Cesar. Estos proyectos comprometerán inversiones por $8 billones de los $100 billones calculados por el Gobierno para financiar su Plan de reactivación.
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Por fuerza de las circunstancias se impone la necesidad de implementar un programa de reconversión laboral, para responder a los nuevos retos y a la transformación produtiva, para diversificar la economía, con el fin de reducir la dependencia de la actividad extractiva. La Guajira no sólo es carbón, gas y ahora fuente de energías renovables, también cuenta con un gran potencial agrícola, con posibilidades de ampliar su frontera en las áreas en donde se cultiva el café y el banano orgánico, así como la palma africana. Otra actividad, que venía con un notable ascenso antes de la pandemia y que ya participaba con el 12% del PIB departamental es el turismo ecológico, justamente el que tiene mayores y mejores perspectivas en la postpandemia.
Asimismo, se tendrán que extender las ayudas, apoyos y rescates a las empresas, especialmente a las micros y pequeñas, así como la asistencia a los más vulnerables mediante las transferencias monetarias, tanto las condicionadas como las no condicionadas. Ello demandará un mayor gasto tanto por parte de la Nación como de las entidades territoriales y la necesidad de arbitrar los recursos, lo cual torna inexorable una reforma estructural de los impuestos de la Nación y el trámite de la reforma tributaria territorial tendiente a fortalecer los fiscos de los departamentos y municipios.
En este orden de ideas, nos parece de la amyor importancia que las regiones administrativas y de planificación (RAP), empezando por la del Caribe, pongan en marcha cuanto antes el proceso de formulación y elaboración de sus planes estratégicos regionales (PER), contemplados en el Decreto 900 de 2020 reglamentario de la Ley 1962 de 2019, de fortalecimiento de las RAP. ¡Para luego es tarde!
En el caso de La Guajira particularmente están identificados y priorizados los proyectos estratégicos que habrán de permitir la diversificación de su economía, mejorar la competitividad, la generación de empleo e ingresos para superar su penuria y poder darle una mano a las poblaciones más vulnerables. Me refiero a la segunda fase del proyecto multipropósito de la Represa del Ranchería, la cual dinamizaría el sector agrícola en el sur del Departamento, la vía de la integración Tomarrazón – Distracción, como salida expedita a los puertos al Norte del Cesar y al Sur de La Guajira, así como la vía perimetral de la soberanía que permita el ejercicio de esta en una amplia zona de la Alta Guajira, hoy confinada por falta de vías de acceso, garantizando una mayor presencia del Estado con sus programas sociales con enfoque diferencial con el pueblo Wayuu como población objetivo.
Ello, sin dejar de lado lo básico, la atención de las necesidades más primarias que laceran a la población vulnerable de La Guajira, que es más del 80%, sobre todo a los pueblos indígenas asentados en nuestro Departamento, que son los más vulnerables entre los vulnerables. Además, es urgente el cierre de la brecha digital, que tiene por fuera del sistema educativo a la inmensa mayoría de alumnos, desde la básica primaria hasta los universitarios, ya sea por falta de conexión a la internet y/o por la carencia de computadores. El caso del municipio de Uribia es patético, allí sólo el 1%, 378 de 41.496 viviendas censadas, tiene acceso a la red de la internet (¡!).
