Los congresistas en ejercicio interpusieron varias demandas contra su revocatoria, reclamando el restablecimiento del derecho supuestamente conculcado y una millonaria indemnización por el daño infligido, pero ninguna de ellas prosperó. En el fallo proferido por la Sección tercera del Tribunal administrativo de Cundinamarca se dijo que “la revocatoria  del mandato de los congresistas elegidos para el periodo 1990-1994 fue un acto político derivado del poder otorgado por el constituyente primario a la Asamblea Nacional Constituyente y no violó los derechos adquiridos por los congresistas revocados” y que por lo tanto las pretensiones de estos no tenían fundamento.