*Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de sus creadores y no reflejan la posición editorial de revistaentornos.com
Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
Se entiende por profecía autocumplida la previsión o predicción que termina por convertirse por sí misma en la causa eficiente de su materialización. En ello juega un papel de la mayor importancia la percepción de los agentes de la economía, que es la que en última instancia determina su comportamiento. Este es el caso de la pérdida reciente de la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia.
Como antecedente es importante advertir que la calificación de la deuda se venía degradando mucho antes de que la economía y las finanzas del Estado entrarán en barrena a consecuencia de la crisis pandémica. Colombia, después de sortear con éxito la década perdida de los años 80 y salir indemne de la misma tuvo un traspié en 1999 que se tradujo en una contracción de la economía de 4.5%. Ello le valió la pérdida de la calificación inversionista de su deuda, que sólo pudo recuperar 12 años después, en 2011.
Lea también:
- La educación es la clave (Segunda parte)
- El mamagallismo oficial
- La educación es la clave (Primera parte)
- La apuesta por el gas vehicular
Standard & Poor´s (S & P), ya en el 2017 le había bajado dicha calificación desde BBB a BBB- y finalizando el año 2018, al tiempo que ratificó su calificación en BBB- con perspectiva estable, al borde del grado especulativo, alertó que podría “degradar a Colombia en los próximos uno o dos años si nuestras proyectadas mejorías en su perfil externo, particularmente su apretado balance de deuda externa neta se estanca o da marcha atrás”.
En marzo de 2020 S & P, aunque mantuvo la calificación anterior varió la perspectiva desde estable hasta negativa de la deuda soberana de la Nación, aduciendo “la combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus”. Estábamos, entonces, advertidos de factores estructurales de vulnerabilidad ligados a la excesiva dependencia de la economía de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, los cuales conspiraban contra la sostenibilidad fiscal.
Así lo reconoció el Ministerio de Hacienda para justificar el fallido proyecto de reforma tributaria, al dejar claramente establecido que “la volatilidad en los precios del petróleo y su impacto en los ingresos petroleros, está inversamente correlacionado con el costo de financiamiento de la nación”. Ello, debido al “riesgo de default (cesación de pagos) al estar la Nación expuesta al riesgo ocasionado por menores precios del petróleo”.
Cuando se precipitó la pandemia la calificación de la deuda soberana estaba a un solo escalón de perder la calificación inversionista y como se recordará en el primer trimestre del 2020 Colombia tuvo un choque externo muy fuerte con el desplome de los precios del petróleo y del carbón, configurándose así la tormenta perfecta. No obstante, la autocomplacencia del Ministro lo llevó a afirmar que, por primera vez en Colombia se registraba un superávit primario de 0.6% del PIB para el 2019. Pero, el escepticismo de las firmas calificadoras de riesgo en torno a las cifras oficiales era cada vez mayor.
Otro factor que contribuyó a la baja de la calificación de la deuda soberana fue el ascenso vertiginoso de la deuda, que pasó de representar el 44.9% en 2017 al 47.2% en 2018 cerró el 2019 en 52.3%, elevándose posteriormente al 61.% y se proyecta que puede llegar al 70% en 2021(¡!).
Desde luego, a consecuencia de la crisis pandémica el déficit fiscal pasó del 2.5% en 2019 al 7.8% en 2020 y se proyecta en 8.1% para el 2021. Como la pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, el Gobierno le atribuye toda la responsabilidad del desbarajuste fiscal, en momentos en los que la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana se había convertido en una especie de espada de Damocles que pendía sobre la misma.
El exministro Carrasquilla, en su afán de forzar el trámite por parte del Congreso de la República del fallido proyecto de reforma tributaria, a riesgo de perder la calificación inversionista sino la aprobaban, fue más lejos al afirmar que el Gobierno tenía caja sólo “para unas seis o siete semanas y por lo tanto, tenemos que estar constantemente en el mercado buscando recursos” de crédito. Según el exministro carrasquilla, “lo peor que nos podría pasar como país sería una segunda oleada” de la pandemia y estamos en la meseta de la tercera.
Así las cosas no era de extrañar que las firmas calificadoras de riesgo, que se han arrogado, con el consentimiento de las autoridades económicas, la facultad de calificar y descalificar la deuda soberana del país, volvieran a revisar a la baja dicha calificación, como lo acaba de hacer S & P. Esta redujo la calificación desde BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva estable, de inversionista a especulativa. Utilizando el argot futbolístico, ello es tanto como si un equipo profesional descendiera de la categoría A para jugar en la ¡categoría B!
Así no compartamos el odioso papel de cancerberas del gran capital que cumplen las calificadoras de riesgo, así como la oportunidad de bajar la nota por parte de S & P, lo cierto es que la nota asignada por ellos a la deuda soberana envía un mensaje del cual toman nota los inversionistas y los fondos de inversión, especialmente los extranjeros, con la consiguiente mayor depreciación del peso frente al dólar, amén del mayor costo de la deuda pública.
En la práctica ello se traducirá en una mayor spread de la deuda, en un aumento en la prima de riesgo país y más altas tasas de interés a pagar por entrar a la categoría denominada irónicamente de “alto rendimiento”. Ello, además, provocará una estampida de las inversiones, especialmente las de portafolio, dado que a muchos fondos de inversión, les está vedado invertir en países que no gocen de la calificación inversionista, debido a la percepción de un mayor riesgo – país. Indudablemente este es un duro golpe a la economía y a las finanzas públicas, convirtiéndose además en un freno al proceso de recuperación y de reactivación.
