El presidente de Cerrejón, Edgar Alfonso, inició su gestión al frente de la compañía con una visita a la comunidad wayuu de Kamusuchiwo’u, en Puerto Bolívar, donde verificó el avance de las iniciativas acordadas en el marco de la Sentencia T-704 de 2016, cuyo cumplimiento alcanza el 74 %, según la empresa.
En el encuentro, Alfonso recorrió varios de los proyectos ejecutados y entregó de manera simbólica una cancha de fútbol, que hace parte de un espacio multipropósito integrado además por oficinas, sala de reuniones, cocina, baños y bodegas.
Según Cerrejón, la comunidad protocolizó 14 iniciativas mediante un proceso de consulta previa realizado con la participación de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior. Las inversiones se concentran en fortalecimiento cultural, generación de ingresos, infraestructura comunitaria y soluciones de agua.
De ese total, nueve proyectos fueron ejecutados, tres permanecen en desarrollo y dos serán implementados en las siguientes fases del proceso.
«Me emociona iniciar esta nueva etapa desde el territorio, junto a las comunidades wayuu que hacen posible un relacionamiento directo y constructivo. Para Cerrejón, la Sentencia T-704 ha representado una oportunidad para fortalecer el diálogo con nuestros vecinos. Kamusuchiwo’u es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando decidimos hacerlo juntos. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de nuestros acuerdos y con generar oportunidades que contribuyan al fortalecimiento sociocultural de las comunidades y al bienestar de sus habitantes. Estamos orgullosos de seguir impulsando a comunidades cada vez más resilientes», afirmó Edgar Alfonso, presidente de Cerrejón.
José Freyle, integrante de la comunidad, destacó la entrega del escenario deportivo. «Yo siempre decía que necesitábamos una cancha para que nuestros niños tuvieran un lugar donde recrearse y practicar el deporte, y la misma comunidad se encargó de esa iniciativa. Me atrevo a decir que somos la primera comunidad de Media Luna que cuenta con una infraestructura como esta. Hoy es un día importante para nosotros porque Cerrejón hace entrega de una infraestructura de esta envergadura. Muchas gracias, ¡y que viva el deporte en Kamusuchiwo’u!», expresó.
Por su parte, Ana del Carmen Gonzáles, autoridad tradicional de la comunidad, aseguró que el diálogo con la empresa ha fortalecido la confianza entre ambas partes. «Que estén hoy aquí me parece muy buen gesto y lo agradezco porque, para nosotros, el pueblo wayuu, la cordialidad es un punto de partida muy valioso para el relacionamiento. Pensamos que este último tiempo ha sido uno de los mejores tiempos en nuestra relación con la empresa y valoramos el trabajo de todas las personas que han abonado y han devuelto la confianza a la comunidad, permitiéndonos sentarnos a evaluar, planificar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con nosotros. Si estamos relacionados podemos sentarnos a dialogar los problemas. Hemos cultivado mucho esa buena relación y estoy convencida de que debemos mantener este diálogo fluido», señaló.
Cerrejón informó que, en cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional, ha protocolizado 445 acuerdos de consulta previa con comunidades étnicas identificadas por el Ministerio del Interior. De ellos, 431 fueron cerrados formalmente, con 2.546 iniciativas sociales definidas y ejecutadas por las propias comunidades.
Acerca de la Sentencia T-704
Mediante la Sentencia T-704 de 2016, la Corte Constitucional estableció que Cerrejón debía implementar un plan de mitigación para las comunidades de su área de influencia y adelantar procesos de consulta previa para determinar con ellas las compensaciones necesarias. La definición de las comunidades que participan en este proceso es competencia de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior, que ha identificado 510 comunidades étnicas como objeto de consulta.
La compañía reiteró que todos estos procesos cuentan con el acompañamiento de garantes locales y nacionales, así como de organismos de control. Además, las comunidades pueden contar, de manera libre y autónoma, con la asesoría de organizaciones indígenas y no indígenas, y abogados elegidos por ellas mismas, garantizando así el principio de información adecuada y suficiente.
