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Por Weildler Guerra Curvelo.
Algunas escenas que hoy vive Colombia parecen sacadas de filmes bélicos norteamericanos como La caída del halcón negro, que tuvo como escenario las calles de Mogadiscio. El pasado 4 de mayo, en altas horas de la noche, helicópteros Black Hawk de la Policía Nacional de Colombia aterrizaron en el patio de un colegio administrado por la comunidad religiosa claretiana en Bogotá. Esta operación causó alarma y sobresalto en los vecinos de dicho colegio. En un comunicado, ampliamente divulgado por los medios, los directivos de esa institución educativa calificaron el hecho como abusivo e informaron que no tenían conocimiento previo de esa operación. Al mismo tiempo manifestaron su solidaridad con las víctimas que ha dejado la compleja realidad que vive el país en los últimos días.
La intensidad de la violencia, reflejada en el alto número de ciudadanos muertos, heridos y desaparecidos, así como en la destrucción de muchos establecimientos comerciales en Cali, Bogotá, Pereira y otras ciudades, ha alarmado a diversos gobiernos extranjeros y a sus cuerpos diplomáticos en Colombia. El gobierno británico, a través de su embajada en Bogotá, declaró estar profundamente entristecido y preocupado por la extendida violencia, destrucción y los numerosos reportes de abusos en materia de derechos humanos. Afirmó que el derecho a la protesta pacífica es la piedra angular de una democracia. Hizo un llamado a la calma, celebró las iniciativas de diálogo y pidió investigaciones sólidas y transparentes sobre los abusos. Estados Unidos invitó a las autoridades colombianas a actuar con moderación para evitar más pérdidas de vidas y recordó que en todo el mundo los ciudadanos de países democráticos tienen el incuestionable derecho a protestar pacíficamente.
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Es innegable que grupos heterogéneos con intereses diversos han aprovechado el clima de irritación generado por las marchas para saquear almacenes, destruir medios de transporte y quemar instalaciones públicas, especialmente las de la Policía. Sin embargo, las autoridades no deben deliberadamente confundir las velatones, marchas y otras expresiones pacíficas de protesta con las conductas delictivas oportunistas que generan caos y violencia. Estas no deben servir para estigmatizar preferentemente a las mujeres con descalificaciones sexistas y no se debe poner en riesgo la vida de quienes participan en las marchas. Tampoco deben emplearse para desviar la reflexión y el diálogo sobre las causas sociales múltiples y profundas que hoy generan una extendida indignación ciudadana.
El punto es que la prensa internacional, el cuerpo diplomático y los académicos colombianos coinciden en que existe una magnitud desproporcionada en la respuesta oficial a través del uso de armas letales sobre la ciudadanía que protesta. Es imperativo que haya una clara voluntad para controlar estos procedimientos de violencia sistemática. El respeto a los derechos humanos no puede condicionarse a la renuncia de los ciudadanos a su derecho a expresarse pacíficamente. Es menester tener presente que el acatamiento de las normas que consagran la protección de los derechos humanos, a diferencia de las regulaciones privadas como el ingreso a un club social, no es una facultad discrecional de los gobernantes, sino un deber insoslayable.
