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Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
Después del retiro forzado por parte del presidente de la República Iván Duque de la fallida reforma tributaria que llevaba la impronta del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue defenestrado del gabinete por cuenta de la misma, el Congreso de la República se apresta a debatir el nuevo proyecto de reforma tributaria 2.0, radicado en el mismo por el novel ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Con este la administración Duque completa cuatro proyectos de reformas, una por año, record histórico, dos de ellas frustráneas, la ley 1943 de 2018 de “financiamiento” y el proyecto de ley 594 de 2021 de “solidaridad sostenible”, la primera por fallo adverso de la Corte Constitucional y la segunda por el estallido social que provocó. Sólo se salvó la ley 2010 de 2019 de “crecimiento”.
Esta vez el proyecto de reforma tributaria 027 Cámara de “inversión social” cuenta con mensaje de urgencia, con la finalidad de abreviar los tiempos de su trámite, dada la premura de su aprobación, máxime cuando esta es la última legislatura del actual Congreso, mediada por la campaña electoral de cara a las elecciones de marzo y mayo del año entrante, lo cual interfiere el normal curso de sus sesiones ordinarias, caracterizadas ahora por un mayor ausentismo de los congresistas en las mismas. Este es el contexto en el cual se abordará su texto, el cual viene precedido, según lo ha anunciado el Ministro Restrepo, de un amplio proceso de concertación en contraste con la que pretendió imponer a pupitrazos en el Congreso de la República el ministro Carrasquilla.
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Podríamos decir, para comenzar, que este texto contiene sólo 35 artículos, sin mayores pretensiones, pues su ambición no va más allá de un mayor recaudo de $15.2 billones, en comparación con la reforma que no fue, cuyo farragoso texto constaba de 163 artículos y aspiraba a recaudar $28 billones, de los cuales $4.6 se transferirían a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Esta es la reforma posible, al fin y al cabo, como sostuvo Aristóteles, la política es el arte de lo posible. Con razón acota el experto y director de la Maestría en Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Tenjo que este es un proyecto de reforma tributaria con más alcance político que fiscal. Arguye él que esta “es una forma de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro democrático y de preparar la campaña electoral que comienza”.
Este proyecto de reforma tributaria se caracteriza porque, a diferencia del anterior, no propone ampliar la base de la tributación del impuesto de renta para las personas naturales, con lo cual se libra sobre todo la clase media de que le metan la mano al bolsillo cuando 2.175.000 personas en dicha condición pasaron en 2020 a ser vulnerables y 659.000 de estos cayeron nuevamente en la pobreza que habían superado. Pero, de paso, se favorece también a los más pudientes, a los del quintil 5, quienes si bien vieron menguados sus ingresos en un 10.1%, en el otro extremo los del quintil 1 perdieron el 24.6%, el doble. Luego, los de más altos ingresos mantienen su capacidad contributiva prácticamente intacta, pero, como dicen en Norte de Santander, al lado del enfermo come el alentado. Tampoco toca el IVA, el más sensible de los impuestos, dado su carácter regresivo, cuyo incremento sucesivo de sus tasas es tal vez lo que más ha contribuido a la regresividad del Estatuto tributario en Colombia, a contrapelo de lo dispuesto en la Constitución Política.
También se dejaron de lado varias de las propuestas que traía el anterior proyecto de reforma, como fue elevar el impuesto al patrimonio del 10% al 15%, al tiempo que el programa de ingreso solidario, que se había planteado con carácter permanente ahora será temporal, sólo va hasta diciembre del año entrante. Ello llevó al reputado economista Eduardo Lora a afirmar que “si la protesta social era para rechazar una reforma por regresiva, pues ahora tenemos una que ayuda menos a los pobres”.
En medio del barullo y el alboroto causado por el fiasco de la execrable y execrada reforma tributaria propuesta por Carrasquilla, el gremio empresarial encabezado por el presidente de la Andi, Bruce McMaster le propuso al gobierno y al Congreso revertir parte de los beneficios de los cuales habían sido objeto en la Ley de “Crecimiento”. Su mensaje no pudo ser más categórico: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”.
Mas, sin embargo, su ofrecimiento fue desdeñado y desestimado, sólo tardía y parcialmente fue acogida por el ministro Restrepo, casi tres meses después, perdiendo un tiempo precioso, pues con esta propuesta sumada a la de Fenalco-Acopi se pudo haber tramitado y aprobado en las sesiones del Congreso de la República que se clausuraron el pasado 20 de junio, así hubiera sido necesario incluirla en la agenda las sesiones extras que fueron convocadas para otros proyectos, dada su urgencia.
Así se le hubiera podido salir al paso al pronunciamiento de las calificadoras de riesgo con la consiguiente pérdida de la calificación inversionista de su deuda soberana, con todas sus nefastas consecuencias. Ello es tanto más extraño al constatar que la propuesta que finalmente se presentó no dista mucho de la de los gremios, motivados por la necesidad de incentivar la demanda, que es el mayor estímulo de la oferta, la producción y la generación de empleo, pues bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado. Lección aprendida del reputado economista John Maynard Keynes. Bien dijo él que “los hombres prácticos que se creen estar exentos de cualquier influencia intelectual, usualmente son esclavos de algún economista difunto”.
