Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de sus creadores y no reflejan la posición editorial de revistaentornos.com
Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
Los aniversarios constituyen una ocasión propicia para volver sobre los pasos de la historia, pues al fin y al cabo, al decir del Quijote, el Hidalgo de la triste figura, ella es “émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente y clara advertencia de lo porvenir”. Desde la perspectiva de los años transcurridos y el discurrir de los acontecimientos sobre los cuales pretendemos discernir, constatamos el aserto de Engels cuando afirmaba que hay años en los que sólo transcurren días de historia, de la misma manera que hay días, cargados de años, en los cuales transcurren años de historia.
Esta vez conmemoramos el quinquagésimo aniversario de la gran gesta del Movimiento Estudiantil de 1971, el cual marcó un hito histórico en la lucha reivindicativa en defensa del fuero universitario. El más remoto antecedente de este gran movimiento, que tuvo su clímax, su punto más alto, en dicho año, fue el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba (Argentina) en 1918, que plasmó en su proclama del Manifiesto de Córdoba los que se constituirían medio siglo después en los objetivos por los cuales lucharía a brazo partido el estudiantado colombiano. Nos referimos a la autonomía universitaria, al cogobierno, la libertad de cátedra y la educación gratuita.
Lea también:
Esta misma fue la divisa de la Unión Nacional de Estudiantes de Colombia (UNEC), fundada en junio de 1957 en el marco del primer Congreso Nacional de Estudiantes, la cual lideró Antonio María Larrota González, considerada como una de “las primeras referencias a una organización universitaria nacional que se conocen en la historiografía de mediados del siglo XX” (Acevedo & Gómez, 2000). La misma se reconoció como una “organización gremial estudiantil de carácter nacional”. Además, enarboló la bandera antimilitarista, explicable por el execrable asesinato por parte de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla de 11 estudiantes que marchaban en medio de una gran manifestación en contra del sátrapa usurpador de la Presidencia de la República el 8 y 9 de junio 1954 en la carrera 7ª en Bogotá. Desde entonces se conmemora por parte de los estudiantes en esta fecha el Día del estudiante caído.
El descontento y la inconformidad de los estamentos universitarios tuvo como catalizador el Decreto 3157 de 1968 expedido por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo “por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo de la Nación”. Este Decreto le atribuyó al presidente de la República y a los gobernadores, que eran nombrados por él, la facultad de nombrar y remover a los rectores de las universidades públicas. De modo que estos quedaron reducidos a la condición de agentes del gobierno nacional o departamental, designados de manera inconsulta con los estamentos universitarios, convirtiendo las universidades públicas en coto de caza de los políticos tradicionales.
La arremetida contra el movimiento estudiantil, que realizó marchas y mítines en todo el país en rechazo a la injerencia de fuerzas externas y extrañas a la universidad en la dirección de la misma no se hizo esperar y a consecuencia de ella se terminó disolviendo y descabezando la Federación Universitaria Nacional (FUN), que había sido creada en noviembre de 1963. Los consejos estudiantiles fueron prohibidos y proscritos en las universidades y con ello vino una dispersión del movimiento estudiantil, que entró en un largo letargo, el cual se prolongó hasta el año 1968, cuando se dieron sus primeras movilizaciones. Estas se dieron en rechazo a la visita de “buena voluntad” al país del magnate estadounidense Nelson Rockefeller, mientras resonaban en Latinoamérica los ecos de las célebres jornadas de mayo en Francia con su eslogan “seamos realistas: pidamos lo imposible” y su lema “prohibido prohibir”.
Este año el movimiento estudiantil se reactivó, se reagrupó y organizó, los consejos estudiantiles revivieron y a poco andar se presentarían los primeros escarceos en la Universidad del Valle, en donde profesores y estudiantes rechazaron la imposición de un decano en la Facultad de economía, ignorando la terna que ellos habían integrado. Y ahí fue Troya (¡!). El 2 de febrero de 1971 estalla la huelga, la cual fue duramente reprimida y cobró la vida de 7 estudiantes a manos de las fuerzas del “orden”, lo cual exacerbó aún más los ánimos. Este enfrentamiento con la fuerza pública terminó con el allanamiento de la sede de la Universidad por parte de esta (episodio este que se repetiría después en la Universidad de Antioquia el 21 de abril del mismo año), con un toque de queda y la declaratoria del Estado de sitio (artículo 121 de la Constitución Política de 1886), al amparo del cual se tomaron medidas draconianas por parte del Gobierno para tratar de sofocar la protesta.
Lejos de ello, lo acaecido en la Universidad del Valle atizó el malestar y el emplazamiento al Gobierno nacional que se venía incubando en rechazo a la imposición del Plan Básico de la Educación Superior, promovido por Rudolph Atcon, asesor de la Unesco, el cual venía atado como una de las condicionalidades de un crédito del BID para el financiamiento de varias ciudadelas universitarias y conllevaba unas reformas antidemocráticas tanto en el plano académico como en el administrativo.
Ello rebosó la copa y desató el mayor y más fuerte movimiento estudiantil en el siglo XX, el cual llegó en algunos momentos de paroxismo a paralizar al país. Este movimiento recogió y reivindicó las banderas del Manifiesto de Córdoba: la autonomía de la universidad, el cogobierno, la financiación estatal y la libertad de cátedra. Ello tomó cuerpo en el Programa mínimo de los estudiantes colombianos, el cual fue aprobado por el V Encuentro Nacional de estudiantes el 25 de marzo de 1971. La consigna central de este movimiento fue la lucha por una universidad nacional, científica y al servicio del pueblo. En desarrollo del mismo, se reclamó al Gobierno nacional que el Consejo Superior de las universidades públicas estuviera integrado sólo por la representación de los estamentos universitarios, lo cual implicaba la salida de los representantes de la Andi, de Fenalco y de la Curia, entre otros.
Este movimiento no fue en balde, además de caracterizarse por su organización y la seriedad de sus planteamientos, producto de la deliberación y el debate ideológico al más alto nivel, conquistó efectivamente la autonomía para las universidades, la misma que hoy nadie pone en duda. El cogobierno al que aspirábamos se hizo realidad: el entonces ministro de Educación, el inmolado Luis Carlos Galán, expidió el 23 de octubre de ese año el decreto 2070 mediante el cual se modificó la integración de los consejos superiores de las universidades públicas, en los cuales en adelante sólo tendrían asiento representantes de los estamentos universitarios. Estos meses de lucha frenética con sus días lograron lo que por años había sido una aspiración largamente acariciada por parte de la universidad pública y sentó las bases de la universidad del futuro.
