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Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
“Quienes sufren en una crisis son quienes no
jugaron ningún rol en crearla”, Stiglitz.
Mientras el mundillo de la pequeña política se agita y se dan los primeros escarceos de la contienda electoral de cara a las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, el país se debate entre el anunciado rebote del crecimiento de la economía por parte del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el rebrote de los contagios y víctimas fatales del COVID-19, según lo informa el Ministro de Salud, Fernando Ruiz.
En momentos en los que cunde la desazón, el desconcierto y la incertidumbre a consecuencia de la crisis pandémica, el Director del DANE Juan Daniel Oviedo le ha revelado al país unas cifras verdaderamente aterradoras, espeluznantes, que delatan la preexistencia a la misma de la pandemia de la pobreza y la desigualdad en Colombia, taras estas que se han visto exacerbadas este año, aciago para nuestro país. Ello es tanto más preocupante, habida cuenta que es la población vulnerada y vulnerable la que está llevando la peor parte de esta debacle.
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Como es bien sabido, desde el año 2012 venía disminuyendo el índice de pobreza monetaria en Colombia, hasta que tocó fondo en el 2018 cuando alcanzó el 34.7%. A partir del 2019 se revirtió dicha tendencia, registrando el 35.7%, 1 punto porcentual más elevado con respecto al año anterior. Según el DANE, en el 2019 661.899 personas cayeron en la trampa de la pobreza, para completar los 17´470.000. Vamos de mal en peor. Pero estamos hablando del promedio nacional, en el cual se confunde el valle con la colina, ya que al escarmenar y aterrizar las cifras en los territorios se ponen de manifiesto unas aberrantes desigualdades, las que se denominan eufemísticamente “brechas”.
En efecto, en contraste con el promedio nacional, el mismo índice de pobreza monetaria en el Chocó en la región Pacífica, también promediando la cifra, pasó del 61.1% al 68.4% (¡!) y el de La guajira en la región Caribe del 53.7% al 61.8% (¡!). Según el DANE, en cuanto al índice de pobreza extrema, el promedio nacional pasó del 7.2% al 9.6%, 2.4 puntos porcentuales más, lo cual se tradujo en que un número de 728.955 personas pasaron de la pobreza a la indigencia, para un consolidado de 3.500.000 (¡!). Por su parte los departamentos de Chocó y La Guajira registraron el 36.8% (¡!) y 33.5% (¡!), respectivamente, superando el 34.5% y el 26.7%, en su orden, del año 2018, en pobreza extrema. Y no hay que perder de vista que cuando hablamos de la pobreza, sabemos que esta se caracteriza porque la persona no tiene cómo valerse por si misma para que sea llevadera su congrua subsistencia.
Esta tendencia, aberrante por lo demás, de empeoramiento de la condición social de la abrumadora mayoría de los colombianos, especialmente en las regiones más deprimidas y vulnerables, se está viendo acentuada debido a los estragos sociales de la crisis pandémica. Ésta está repercutiendo en la pérdida de empleo e ingresos, lo cual va a conducir a que, según el investigador de Fedesarrollo, Jairo Núñez, “la pobreza en Colombia va a alcanzar un nivel de entre 47% y 49%”. Dicho de otra manera, 6 millones de personas que habían salido de la pobreza volverán a ella, esta vez por cuenta del COVID-19. De manera que, muy seguramente, al cierre del año anterior ¡no estábamos mejor que cuando estuvimos peor!
Hemos pasado de la prevención del contagio de la pandemia a la contención de la misma y últimamente a su mitigación, a la espera de la vacuna, la cual nos permite columbrar la luz al final del túnel. Esta emergencia copa toda la atención de los medios y de las autoridades, pero hay otra realidad subyacente y lacerante que viene de atrás, que no se le puede atribuir a la pandemia, como son estas execrables lacras de la pobreza, la desigualdad y el hambre.
Frente a estas ha faltado una política social de prevención, de contención y de mitigación y lo que es peor los distintos gobiernos se han rehusado a aplicar la única vacuna eficaz y segura para combatirlas que es la política de protección, inclusión y cohesión social. De nada sirve que se incluya entre las metas de todos los planes de desarrollo la reducción de la inequidad, si las mismas no se concretan en acciones efectivas y eficaces para lograrlo. ¡Es consabido que las palabras que no van seguidas de los hechos son asesinas de los ideales!
