“El fraude nos afecta a todos. Este billar por ejemplo desde hace casi dos años no paga energía, manipula los medidores, se conecta directamente a la red. Eso nos afecta a todos porque produce alteraciones de voltaje y hace que el fraude perjudique a la misma comunidad”.
Air-e expresó su preocupación debido al hurto de energía que afecta la prestación del servicio en el departamento y los hechos delincuenciales que impiden el desarrollo de las labores del personal de la empresa.
La acción irregular de dicha persona ocasionó la interrupción del servicio de energía en un sector del barrio Luis Eduardo Cuellar de esta ciudad.
El capturado y los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Riohacha.
“La compañía ha sido enfática en afirmar que el fraude de energía afecta a todos y perjudica la prestación del servicio eléctrico a los usuarios”, sostuvo Air-e.
Air-e invita a la comunidad a denunciar estos casos que afectan la calidad y continuidad del servicio a través de los canales oficiales de la compañía, la línea 115, la app Air-e disponible en Google Play, App Store y AppGallery y la página web www.air-e.com.
En medio del desarrollo de sus labores, los trabajadores fueron abordados por un sujeto, quien portando arma de fuego intentó hurtarles las pertenencias.
El presidente de Air-e, Felipe Ríos señaló que el hurto de energía afecta la calidad del servicio, pues los que se conectan ilegalmente dañan la redes y ponen en riesgo la vida de las personas.
Gracias al llamado oportuno de los moradores del sector a las autoridades, el cometido no lo lograron efectuar de forma completa, pues la patrulla de Policía en turno de manera inmediata, se acercó al punto de acción, lo que alertó a los que pretendían llevarse los postes de luz quienes rápidamente se dieron a la fuga, sin que la autoridad en competencia pudiera realizar la captura en el lugar mismo de los hechos.
Una vez conocido el hecho, Malteser interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, cuyo Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realiza la indagaciones correspondientes y vienen adelantado acciones para identificar los equipos robados que ascienden alrededor de los 50 millones de pesos.
