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Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
Una de las peores y más acuciantes consecuencias de la actual crisis es el creciente número de colombianos que se está viendo ante la imposibilidad de acceder a la ingesta diaria para alimentarse. Según el más reciente estudio del DANE, en Colombia solo siete de cada 10 familias tuvieron acceso a tres comidas al día durante los últimos siete días, mientras que antes de la pandemia la cifra llegaba a 85%.
Esta cifra obliga a encender todas las alertas y alarmas, porque su impacto va mucho más allá de las frías cifras, las cuales, como dice el célebre escritor mexicano Octavio Paz, se oyen “como quien oye llover. Sin oírme, oyendo lo que digo”, desdeñadas por la sordina y la invisibilización. Pero el hambre acosa a los más desvalidos y acusa la indolencia de las autoridades competentes. ¡El silencio es ensordecedor!
Según el mismo estudio, en promedio, tres de cada diez hogares de las capitales de departamento en Colombia no pueden comer tres veces al día (¡!). Esto es una barbaridad. A consecuencia de la pandemia se cuentan por millares el número de colombianos que están soportando física hambre. Los hogares donde solo se consume una comida al día pasaron de 55.915 a 287.473. Además, 3,2 millones de familias solo están comiendo dos veces al día y a ello se viene a añadir la baja calidad de la alimentación de quienes tienen acceso a ella, la cual deja mucho que desear en los estratos más bajos de la población.
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Al igual que ocurre con la pobreza, se presentan ostensibles diferencias entre unas regiones y otras, así como entre unas ciudades capitales y otras, en torno al acceso a los alimentos. Así, mientras en Bogotá el porcentaje de familias que tenían para las tres comidas diarias pasaron del 85% antes de la pandemia al 72%, en el agregado nacional 72,21 por ciento de las familias puede contar con el desayuno, el almuerzo y la comida; 24,8 por ciento consume dos comidas y 2,6 por ciento solo se alimenta una vez al día (¡!).
Cabe mencionar que, según el DANE, las seis ciudades en donde menor cantidad de hogares pueden acceder a tres comidas al día están ubicadas en la Costa Atlántica, destacándose entre ellas Cartagena (35%), aparecen Barranquilla (46,3%), Sincelejo (48,8%), Santa Marta (50,7%). Antes de la cuarentena en todas estas ciudades el promedio estaba por encima del 75%, incluso en Santa Marta el nivel llegaba a 93%. Ello es algo funesto y sus secuelas serán espantosas en el mediano y largo plazo para un amplio conglomerado humano de este país que vive o mejor pervive este drama. Como la canción insignia de la movilización social en Chile el año pasado, El baile de los que sobran, nadie los echa de menos, nadie les quiso ayudar. ¡Esto es el colmo!
El caso de Cartagena, la Heróica, declarada por la UNESCO Patrimonio histórico y cultural de la humanidad, la del corralito de piedra, la joya de la corona del turismo en Colombia, es patético. Es, como quedó dicho, la que exhibe los peores registros. Claro está que antes de la pandemia, según la encuesta Pulso Social del DANE, publicada por la agencia Bloomberg, en promedio, el 81.6% de sus habitantes podía comer tres veces al día, un registro que lejos de ser satisfactorio mueve a la preocupación, tanto más en cuanto que no refleja la dura realidad de barrios como El pozón o Arroz barato, en donde, como en la fábula de La zorra y las uvas, éstas aunque maduras están muy altas para alcanzarlas.
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, después de analizar este dantesco cuadro de emergencia social llegó a la conclusión irrefutable de que “no hay mejor prueba que demuestre la urgencia de crear una Renta Básica de por lo menos un salario mínimo mensual que beneficiaría a 32 millones de personas en situación de pobreza y riesgo de caer una situación de indigencia, que tienen derechos constitucionales a la vida y a la alimentación”.
Y el primer paso debe ser la extensión y ampliación de las transferencias monetarias a favor de ellas, tanto las condicionadas como las no condicionadas, el próximo año. Por ello registramos con asombro y preocupación que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado para financiar dichos programas, quedó totalmente desfinanciado en el Presupuesto para la vigencia de 2021, al pasar de $25 billones a sólo $3.1 billones, con una reducción del 87.6% con respecto al del 2020. ¡Así no se puede!
