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Por Abel Medina Sierra – Investigador cultural.

Las comunidades indígenas en Colombia, gracias a una gesta de resistencia, cabildeo y lucha, han logrado “arrancarle” al Estado que se les garantice ciertos derechos, en especial cuando algunas intervenciones públicas y privadas, afectan su territorio, su cultura y sus modos de vida. No es tanto como se quiere, pero el camino se va allanando hacia un país que reconozca la autoridad que tienen los pueblos indígenas sobre lo que se hace en su territorio. Esto ha permitido superar los periodos que son análogos a la de la “patria boba”, como cuando Cerrejón se estableció en territorios afros e indígenas, prácticamente sin mitigación de efectos, sin concertación previa y sin compensaciones. Si eso se hubiera dado en estos tiempos, otra cosa sería, para bien o para mal.

La concertación, los derechos territoriales, el manejo autónomo de los recurso de resguardo, entre otros logros, han sido una gran conquista de los pueblos indígenas, no una concesión del Estado, pero, bien intencionada y todo, también lleva consigo un lado B que preocupa y arroja cenizas sobre el loable lado A.

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En estos días, se produjo una de las muchas masacres como efecto de la guerra entre familias wayuu. Los líderes culparon a las empresas que llegan a los territorios a ofrecer compensaciones que terminan enfrentando a las comunidades. En la zona rural de Maicao, hay hoy varias guerras dentro de las mismas familias en una feroz rebatiña por las compensaciones de la servidumbre por las torres conductoras de energía recién instaladas en territorio wayuu. Por otro lado, ya lo denunciaba el líder wayuu Armando Valbuena, desde que hay un manejo autónomo de los recursos de resguardo, en cada kilómetro encontramos hoy una “autoridad”, muchos de ellos sin capital simbólico, ni familiar, ni de edad, ni de prestigio como es tradición entre los wayuu. Incluso, familias con varias “autoridades” al interior.

Una de las ventajas de esas conquistas, es haber logrado los nombramientos en propiedad para docentes que trabajan en territorios étnicos, algo que les aseguró estabilidad y garantías. Pero tiene su lado B: las autoridades que los postularon, muchas de ellas las chantajean con quitarle el respaldo y los constriñen para que les den parte de su salario y así mantenerlos en el cargo. Hoy hay disputas también porque cada autoridad, quiere tener una escuela para su familia y no una institución que acoja a varias parcialidades. En el fondo, se trata de la lucha por el manejo de recursos, PAE, planta de docentes y no siempre de la buena intención de darles una buena educación a los niños.

Los recursos de los resguardos, no se manejan con equidad ni transparencia. Tenemos autoridades tradicionales con un nivel de vida paupérrimo, al que de vez en cuando un pariente muy estudiado y “vivo”, le da unos cuantos billetes para que le firme o estampe su huella y “gestione” y “ejecute” todos los recursos de la comunidad. Si este mecanismo funcionara, no habría tanta necesidad en las comunidades rurales, mientras los “líderes” viven en la ciudad con mansiones blancas de dos o más pisos, burbujas, hijos en las mejores universidades privadas y con vida de magnates.

Muy buena intención es que ICBF tenga en cuenta la voz de las comunidades para escoger los entes operadores en las modalidades de atención en comunidades indígenas. El lado B, aparece cuando esos “líderes”, crean sus fundaciones, se enriquecen con la comida y demás ayuda que debería llegar a sus hermanos de etnia. Aunque incumplan los contratos, ICBF, según ellos, “está obligado” a seguir contratándolos porque son “de base”, tienen las firmas de autoridades y son las que “mandan” en su territorio. Cuando no les dan cupos, estos “líderes” financian tomas a la sede del ICBF y bloqueos de una vía terrestre o férrea, como siempre, explotando el hambre y necesidad de esos a los que pagan para “protestar”.

Es de gran importancia para el cabildeo que exista lo que se llama “Mesa de concertación wayuu”. Pero el lado B, emerge cuando logran a través de un bloqueo, soluciones de agua, y los molinos se terminaron instalando en sus patios urbanos, fincas, casas y no en las comunidades. Cierta vez, una funcionaria de ICBF, me contó que la “Mesa de concertación” lo único que entiende por “concertar” es que los contratos exclusivamente se los den a ellos. Sin ser, ninguno autoridad, exigen que ellos sean los “únicos” representantes, voceros y beneficiarios de proyectos de toda la etnia.

Ni se diga de las disputas por representar la etnia en organismos como Corpoguajira y para erigir los gobernadores en ciertos resguardos. Se dirimen más en los estrados judiciales que en la voluntad de los indígenas, hay saboteos de votaciones, llegando a atentados, amenazas y demás prácticas cuestionables.

Esto demuestra que el mecanismo de autonomía ideado por el Estado no es el más pertinente, lo que sirve para las etnias del Cauca, con un solo cabildo, una sola organización y jefe, no funciona para etnias tan dispersas y atomizadas organizativamente como los wayuu. Pero, también demuestra que nada más “puteada” en La Guajira que la palabra “concertación”, entendida por muchos tal un “Cómo voy yo”.

medinaabelantonio@gmail.com