Las consecuencias colaterales

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Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.

Ya nos hemos referido a los antecedentes y consecuencias de la baja de la calificación de la deuda soberana de la Nación, de inversionista a especulativa, por parte de Standar & Poor’s el pasado 19 de mayo y la amenaza de Ficht, si no se aprueba prontamente la anunciada reforma tributaria 2.0, ahora queremos hablar de sus consecuencias colaterales, que no son de poca monta. Una de las razones por las cuales la noticia pasó por desapercibida y no ha causado revuelo es porque ya el mercado lo había descontado, de tal suerte que la deuda soberana venía comportándose desde hace rato como si ya hubiera perdido la calificación inversionista. Sólo se oficializó lo que en la práctica ya era vox pópuli, hacía varios meses atrás.

Esta es una medida injusta, antipática, máxime que se da en una coyuntura “anormal”, atípica, por el choque interno y externo que han tenido que enfrentar, sin vísperas la economía y las finanzas públicas, expuestas a vientos cruzados, que no pueden ser valoradas ni evaluadas como si nada pasara aquí y en Cafarnaum. Pero a lo hecho pecho y el Gobierno deberá encarar este nuevo escenario con decisiones de política que permitan mitigar sus nefastos efectos que tornarán más difícil salir del atolladero.

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Es importante destacar que el efecto dominó y las consecuencias de la pérdida de la calificación inversionista se extendió no sólo a las demás entidades y empresas estatales sino también al sector privado. De hecho, en la misma decisión en la que le rebajaron la nota a la deuda del GNC, también le bajaron la calificación a diez de ellas, entre las cuales se destacan Bogotá Distrito Capital, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), a Ecopetrol y a privadas como Isagen, el Grupo de Inversiones Suramericana (Sura) y Davivienda.

Indudablemente este es un duro golpe a la economía y a las finanzas públicas, convirtiéndose además en un freno al proceso de recuperación y de reactivación, habida cuenta que, como lo afirma el Gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores, “es probable que dentro de algunos meses dejemos de ver las tasas de interés históricamente bajas para comprar vivienda”, lo cual ha contribuido a dinamizar este sector. Además, la mayor devaluación ejercerá una presión inflacionaria vía importaciones de bienes, servicios e insumos, los cuales se cotizan en dólar.

Quiero, además, llamar la atención sobre dos circunstancias que deben ser analizadas concienzudamente por parte del Gobierno, y no solamente por parte del Gobierno sino también por parte de la Academia y los centros de pensamiento en orden a enfrentar con éxito este reto. En primer lugar, es indispensable repensar, replantear y reconsiderar la Regla fiscal, su funcionamiento y operatividad, así como la integración de la Comisión consultiva de la misma, para que esta deje de ser un apéndice del Ministerio de Hacienda.

Un aspecto a considerar, a propósito de la Regla fiscal, tiene que ver con la deuda, porque, como lo acota el ex vicepresidente de ANIF Nelson Vera, al tener como único objetivo la reducción del déficit fiscal “la deuda pública en cabeza del GNC prácticamente se ha duplicado del 35% al 60% del PIB y se perfila hacia el 70% del PIB en los próximos años, razón por la que es necesario que la Regla gire hacia un esquema de deuda objetivo, haciendo la analogía con la inflación objetivo del Banco de la República”.

De otra parte, el único camino que nos permitirá no sólo recobrar la calificación inversionista de la deuda, que podrá tardar por lo menos dos años, espantar el fantasma de la pérdida de la misma y sobre todo recobrar la menguada confianza inversionista bien entendida, así como garantizar hacia el futuro la solidez y consistencia de las finanzas públicas, es el de la diversificación del aparato productivo del país, para lo cual se requiere una estrategia de transformación productiva de largo aliento, desmarcándose del modelo económico dependiente en exceso de la actividad extractiva, siempre expuesta a los altibajos de sus ciclos y a la volatilidad de los precios de los commodities.

Este debe ser el norte que nos conduzca a una nueva normalidad, de una economía con un mayor ritmo de crecimiento, contando con un Modelo que promueva la cohesión y la inclusión social. Ello amerita y es mi llamado, pactar un nuevo contrato social, sólo de esta manera se podrá desactivar la bomba de tiempo social que está a punto de estallar. Como diría el escritor Jorge Zalamea Borda: ¡No hay tiempo que perder, hay vida por ganar!

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