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Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
“Saber qué es lo correcto y no hacerlo es ausencia de coraje o de principios”.
Confucio.
La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud de la Universidad de Johns Hopkins, con su informe “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena Wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, pusieron el dedo en la llaga purulenta de la pandemia que por luengos años padece el pueblo Wayuu.
Según los autores de este Informe, “si la situación de los indígenas wayuu en el Departamento de La guajira ya era de por sí grave, la irrupción del COVID-19 en el país la ha vuelto dramática, especialmente para los niños en esa comunidad”. Tanto más en cuanto que “las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”.
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Un estudio reciente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en el caso de Bogotá revela que “un ciudadano que vive en un barrio de estrato 1 tiene 10 veces más probabilidad de ser hospitalizado o fallecer por el nuevo coronavirus y 6 veces más posibilidades de ingresar a una Unidad de cuidados intensivos (UCI) comparado con una persona que resida en estrato 6”. Y concluye que “la mayor tasa de contagios y muertes en estos grupos apunta a la desigualdad socioeconómica”. De hecho, según las devastadoras cifras del DANE, “los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 concentran el 90.3% de las defunciones causadas por COVID – 19 total en todo el país” y lo que es peor “los estratos 1 y 2, a su vez, focalizan el 69% del total nacional de estos fallecimientos”. ¡Esto es escandaloso!
Si eso acontece en Bogotá que, como dijo el líder indígena Nasa Feliciano Valencia, está tan lejos de la Colombia profunda, qué se puede esperar que ocurra en los territorios indígenas, particularmente con la comunidad Wayuu, la más numerosa del país, que vive sumida en el abandono secular, en condiciones tan precarias que hacen de su población la más vulnerable entre los vulnerables. Es muy explicable que aquellas poblaciones que antes de la pandemia del COVID-19 venían con preexistencias de patologías tan graves como la desnutrición y el hambre, con el agravante de la falta de acceso al gua potable, como es el caso que nos ocupa, están más propensas y predispuestas al contagio, al tiempo que el índice de morbimortalidad es alarmante. Por ello, contrariamente a lo que se suele decir ni todos vamos en la misma barca ni todos estamos remando para el mismo lado. Ello es tanto más cierto, habida consideración de que en Colombia, aunque la Constitución Política consagra en su artículo 13 que todos somos iguales ante la Ley, lo cierto es que, como dice George Orwell en su Granja animal, “todas las personas son iguales, pero algunas más iguales que otras”.
El de La Guajira es un caso extremo. Un buen indicador del cuadro aberrante y amenazador que ya traíamos antes de la pandemia es el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Mientras el promedio nacional del índice de NBI es del orden de 27.7%, el de La Guajira es del 44.6%. Las pobreza monetaria en La Guajira registraba en 2017 el 52.6, que contrasta con el promedio nacional del 26.9%. Adicionalmente, la tasa de desnutrición en menores de 5 años en La Guajira es la segunda más alta del país después del Vaupés, de 750.4 frente al promedio nacional de 244.7. Además, según cifras del Ministerio Nacional de Salud, la tasa de mortalidad infantil en La guajira (45 por cada 100 mil menores de 5 años), es la más alta del país y se multiplica por 9 al compararla con la de la Nación (5.46).
Pero, estamos hablando de los promedios para el Departamento, que son de por sí escandalosos cuando se comparan con el promedio nacional, pero cuando se pone el foco en los territorios indígenas los índices son todavía más deplorables. Y para añadirle vergüenza a la desidia oficial, el Informe de HRW le asigna, con fundadas razones, su cuota de responsabilidad a la “corrupción generalizada” en La Guajira. Este, afirma, “ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud, que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu”.
Estas ya dejaron de ser brechas para convertirse en abismos que separan a La Guajira de Colombia y fueron los que determinaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Resolución 60 de diciembre de 2015), decretando unas medidas cautelares para la protección de los derechos a la salud y a la vida de la comunidad Wayuu en La Guajira. Ante su incumplimiento por parte del Gobierno nacional, el Procurador General Fernando Carrillo intervino ante la Corte Constitucional, la cual declaró el Estado de cosas inconstitucional (Sentencia T – 302 del 2017 y el Auto 207 del 25 de mayo de 2017, seguidas de la Sentencia T – 415 de 2018 y T – 216 de 2019 ) y conminó al Estado a su acatamiento, sin que hasta la fecha ello se haya dado.
Defintivamente, en este país el centralismo es tan agobiante que para el mismo ¡mientras no llueva en Bogotá no hay invierno en el país!
