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Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
Como en la fábula La ardilla de Tomás Iriarte, después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, se radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de Reforma Tributaria, disfrazada de “solidaridad sostenible” en el Congreso de la República y sólo en ese momento el Gobierno destapó sus cartas, cuyos ases eran la ampliación de la base del impuesto de renta y la del IVA. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla ya había intentado, sin lograrlo, en el 2019 ampliar la base del IVA. Ahora la aspiración era mayor a la de la reforma anterior, se proponía recaudar $28 billones, de los cuales al descontar los $4.6 billones que corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) le daba un neto a la Nación de $23.4 billones.
La reacción en contra del proyecto no se hizo esperar, el rechazo fue general, al punto que el presidente Duque no contaba con el apoyo en el Congreso para su trámite y aprobación ni siquiera con su propio partido. Y no era para menos.
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Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit, pero lo inadmisible de esta reforma era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y sobre todo que la mayor carga impositiva hubiera recaído sobre la clase media, acentuando la regresividad del Estatuto Tributario y por esa vía agudizando la desigualdad, en la que Colombia ocupa un deshonroso lugar en la región y en el mundo. No había un solo gremio que la respaldara y el rechazo en los medios, en las calles y en las multitudinarias protestas es generalizado y se tomaron el país.
En medio de la crispación causada y el reclamo generalizado para que el Gobierno retirara el proyecto de reforma y se diera paso a la concertación con los partidos políticos, con los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y la sociedad civil, para tratar de conciliar el que podría ser un texto consensuado, el Gobierno nacional en cabeza del presidente Duque y su ministro de Hacienda insistieron con terquedad aragonesa en su trámite.
Lo último que se le ha ocurrió al presidente Duque, en lugar de retirarlo, que era el clamor ciudadano, fue plantear como salida alternativa la presentación de una que el llama “ponencia sustitutiva”, en un intento desesperado por salvar el proyecto de su hundimiento. Al no existir ponencia sino ponentes del proyecto, por sustracción de materia no había nada qué sustituir, en segundo lugar, tampoco tenía asidero en la Ley 5ª de 1992 que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República y, finalmente en el caso hipotético que existiera dicha facultad estaría en manos del Congreso y los congresistas y no en manos del ejecutivo y nadie puede disponer de lo que no tiene. A lo sumo se podría proceder por parte de los ponentes a presentar un pliego de modificaciones a la consideración de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y pare de contar.
En medio de semejante embrollo y asediado por el rechazo ciudadano, no le quedó otro camino al presidente Duque que retirar el proyecto y ahora sí presentar otro “sustitutivo”, que ojalá no se parezca al anterior y que sea fruto de una gran concertación nacional y no el producto de conciliábulos, porque de ser así saldríamos de las llamas para caer en las brasas.
En medio de este zambapalo, la turbación del orden público y la pandemia, la ANDI le presentó al Gobierno y al Congreso una propuesta, esa sí sustitutiva de la del Gobierno, la cual coincido con el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo en calificarla como sensata. Su propuesta consiste básicamente en el aplazamiento de la entrada en vigor de varios de los beneficios tributarios que se le dispensaron a las empresas en la reforma tributaria anterior, entre ellos el descuento del ICA, la reducción de la tarifa de renta, que sumados a un impuesto sobre el patrimonio y otras adehalas más, con el cual se podría lograr un recaudo de $12.4 billones.
Esta propuesta es tanto más pertinente por cuanto, aunque el Gobierno alega que el déficit fiscal que busca saldar con este proyecto reforma es para poder financiar la continuidad de sus programas de apoyo a las empresas con el fin de proteger el empleo y las transferencias monetarias y no monetarias, especialmente el programa de Ingreso solidario, la gran verdad es que en gran medida ese déficit viene desde la reforma tributaria anterior, que al conceder beneficios tributarios por $11 billones abrió un hueco fiscal que ahora se intenta tapar. Por ello he venido sosteniendo que la mejor reforma tributaria es el desmonte de aquellos beneficios que no estén plenamente justificados.
Esa propuesta fue desestimada por parte del ministro Carrasquilla por considerar que la misma “no permitiría financiar estos programas sociales” refiriéndose a la extensión hasta junio de este año del subsidio a la nómina de las empresas (PAEF) y “hacer permanente el ingreso solidario”. A la propuesta de la ANDI se vino a sumar la de Fenalco y Acopi, manifestando que están dispuestos a renunciar a 2 de los 3 días sin IVA, lo cual le representaría al Gobierno nacional ingresos adicionales por valor de $1 billón. De modo que, sumadas, las propuestas de la ANDI y Fenalco – Acopi le representarían al Gobierno nacional $13.4 billones de mayores ingresos. De aceptarse esta propuesta no habría necesidad de tocar las bases del impuesto de renta y del IVA, que tanto repudio ha suscitado. Estas dos propuestas están sobre la mesa y deberían servir de base para el nuevo texto que se habrá de discutir.
