La sentencia que ordenó la restitución de las 466 hectáreas de tierras del asentamiento indígena wayuu de Nuevo Espinal en el municipio de Barrancas, fue traducida a Wayuunaiki, lengua de la comunidad indígena beneficiada, para garantizarle el acceso a la información. Además, a través del acuerdo número 36 de la Agencia Nacional de Tierras, la comunidad cuenta hoy en día con protección jurídica en su territorio ancestral.
“Gracias al proceso desarrollado durante el posfallo, nuestros territorios han sido reestablecidos en todos los derechos de la comunidad indígena. Con orgullo puedo decir que hemos recuperado nuestras tradiciones, nuestra forma de trabajar, y con el apoyo de la Unidad de Restitución hemos recibido beneficios que nos ayudan a cambiar la vida”, afirmó Álvaro Ipuana, autoridad tradicional del territorio.
Con la traducción realizada y la estrategia de difusión de la sentencia, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) afirma que responde al enfoque diferencial ordenado en la sentencia de restitución étnica.
“La Unidad continúa trabajando por el respeto de los derechos territoriales indígenas de la región. Las comunidades étnicas son de vital importancia para el desarrollo del campo colombiano y es por esto que se hace necesario, día a día, que recuperen sus territorios, los conviertan en productivos y mejoren sus condiciones de vida”, concluyó la directora de la URT en Cesar y La Guajira, Claudia Manotas.
En marzo de 2018 la comunidad wayuu obtuvo el reconocimiento jurídico de su territorio colectivo, gracias a la restitución de tierras y después de 23 años de que hiciera la primera solicitud.
Desde 1993 esta comunidad había solicitado al Incora la titulación como resguardo del territorio, que les fue asignado en aquel año y que fue producto de la reubicación que vivieron forzosamente a raíz de las presiones que, sobre su territorio y su salud, significó el avance de la extracción de carbón.
A finales del 2019 la URT prestó apoyo para la notificación de 55 resoluciones de adjudicación de subsidio de vivienda rural, que emitió el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la comunidad, que fue víctima de los frentes 59 y 19 de las Farc-EP; del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensa Unidas de Colombia, que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta; y del Frente Luciano Ariza, del ELN. De esta manera, la URT y el Gobierno Nacional continúan trabajando por la genuina reparación a las víctimas de la violencia.
