La reincorporación de los excombatientes de las Farc que están en la región Caribe avanza a pesar de los efectos que ha provocado la emergencia por la pandemia de la COVID-19.
Así lo afirmó Anna Pont, jefa de la regional Valledupar de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que cubre la región Caribe, quien citó el más reciente informe del Secretario General de la ONU Antonio Guterres sobre Colombia.
Pont reiteró que la sostenibilidad del proceso de reincorporación, la cual sigue siendo una prioridad para el 2020, se ha visto afectada limitado por las medidas definidas para atender la pandemia, principalmente a causa de las consecuencias económicas en los proyectos productivos de excombatientes.
Puntualizó que, “los desafíos tienen que ver, sobre todo, con la comercialización, a causa de las restricciones a la circulación, y la asistencia técnica, que se ha visto limitada por la brecha digital que existe en las zonas rurales”.
Por ello, en este informe, presentado el 14 de julio en Nueva York, y que corresponde al periodo del 26 de marzo al 26 de junio de 2020, el Secretario General recomienda reforzar la asistencia técnica a los proyectos productivos y los esfuerzos para ayudar a los excombatientes a encontrar oportunidades comerciales para sus productos y servicios.
Destacó que los proyectos de confecciones de Pondores y Tierra Grata tienen permiso del INVIMA para fabricar tapabocas y sus miembros han sido formados en protocolos de bioseguridad.
La funcionaria dijo que a nivel nacional, son once las iniciativas de excombatientes dedicadas a la producción textil (seis de las cuales están dirigidas por mujeres), que han empezado a confeccionar tapabocas, lo que demuestra su resiliencia y compromiso social. Miles de estos tapabocas fueron donados a poblaciones vulnerables.
Igualmente explicó que “en los ETCR de Pondores y Tierra Grata, los excombatientes trabajan en un proyecto de vivienda con el que esperan establecerse y continuar su reincorporación a la vida civil. Su deseo de construir sus viviendas es un testimonio de su voluntad de paz. Estos espacios tienen hoy el doble de la población que cuando empezó el Proceso de Paz y allí han llegado a vivir familiares o nuevos miembros de familia de los excombatientes, han nacido sus hijos y construyen, en medio de todos los retos y desafíos, una nueva vida en la legalidad, lo cual significa un triunfo para la paz”.
Lo anterior evidencia que “la asignación de tierras a excombatientes, tanto para viviendas como para proyectos productivos, continúa siendo un requisito fundamental para la sostenibilidad de la reincorporación”.
Asimismo, el actual informe reconoce cómo las partes trabajan juntas en medidas de prevención y mitigación del COVID-19 en los antiguos ETCR y comunidades aledañas, y cómo ha continuado la aprobación de proyectos productivos, beneficiando a cerca del 30% de personas en proceso de reincorporación.
Según la funcionaria, si bien hay varias cosas positivas que destacar, persisten grandes desafíos.
El principal de ellos tiene que ver con las garantías de seguridad. “Los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos han continuado durante la pandemia, lo que vuelve a poner de manifiesto que es urgente adoptar medidas inmediatas y concretas para hacer frente a este problema”, informó.
“En el período sobre el que se informa la Misión verificó 13 asesinatos (todos ellos de hombres), con lo que en 2020 suman en total 31 (incluidas 2 mujeres)”, explicó.
Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 213 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP (incluidas 4 mujeres), 48 intentos de asesinato (incluidas 2 mujeres) y 15 desapariciones. Pont dijo que, del total de los asesinatos de excombatientes verificados por la Misión, dos de estos han ocurrido en el Caribe, uno en Sucre, y otro en Córdoba.
