Tras haber sido anunciado por la Corte Constitucional mediante el comunicado de prensa número 58 de noviembre de 2017, este tribunal notificó a Cerrejón el fallo sobre la tutela presentada por comunidades indígenas ante la presunta afectación generada por la modificación parcial del cauce del arroyo Bruno.
Este fallo ordena dar continuidad a la Mesa Interinstitucional conformada en el año 2016, de la cual hacen parte 17 entidades nacionales y regionales, para que realicen un estudio técnico que ofrezca respuesta a las incertidumbres expresadas por la Corte, el cual es fundamental para resolver la continuidad del proyecto La Puente.
Por su parte, mediante comunicado de prensa la multinacional carbonífera manifestó que, «Cerrejón es respetuoso de los derechos de las comunidades y el medio ambiente y confía que los resultados de la Mesa den respuesta a los puntos planteados. Así mismo, Cerrejón acata este fallo y brindará todo su soporte para el cumplimiento de lo ordenado por la Corte. Además, la empresa continuará dando cumplimiento a lo estipulado por la Corte Constitucional, que desde el año 2017 ordenó suspender el avance en la operación del tajo La Puente en el área de las obras, hasta tanto la Mesa Interinstitucional se pronuncie en los términos ordenados por el fallo”.
El proyecto La Puente fue licenciado en 1998 y se ejecutó con los más altos estándares ambientales, sociales y de ingeniería, en el cual se modificó parcialmente 3.5 km del cauce del arroyo Bruno, soportado por rigurosos estudios desarrollados por expertos nacionales e internacionales.
En este sentido, la Mesa Interinstitucional constituída en 2016, realizó exhaustivas evaluaciones al proyecto, confirmando que las obras no afectaban la oferta hídrica de las comunidades aledañas.
En información suministrada por Cerrejón, aseguran que el nuevo cauce del arroyo ha mostrado un comportamiento acorde a su diseño, y a sus principales parámetros físicos, químicos y geotécnicos, los cuales son monitoreados desde hace más de un año y de manera permanente.
Además, el Plan Integral de Compensación Ambiental del proyecto en el que participan comunidades de su área de influencia, está enfocado en mejorar la estructura y condiciones de conectividad ecosistémica de 235 hectáreas en la zona de nacimiento del arroyo, y el desarrollo de alternativas de abastecimiento de agua subterránea.
«Cerrejón ratifica su disposición de mantener un diálogo informado, constructivo y respetuoso con todas las partes interesadas en el proyecto, el cual fue concebido para mantener los volúmenes de producción de la mina y en consecuencia, la generación de regalías e impuestos para la región y el país», indicó.
