Desde el lunes 17 de junio, la línea férrea ha enfrentado múltiples bloqueos que han paralizado el transporte de carbón desde la mina hasta Puerto Bolívar, obstaculizado la llegada de suministros esenciales y detenido el tren que entrega agua a las comunidades vecinas. Actualmente, hay dos bloqueos activos en el kilómetro 127, uno en la línea férrea y otro en la vía Nacional.
Estos bloqueos están poniendo en riesgo el normal funcionamiento de la compañía y, según la Cámara de Comercio de La Guajira, están teniendo importantes repercusiones económicas y sociales en el departamento. Álvaro Romero Guerrero, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, expresó: “La situación actual demanda una atención urgente y coordinada entre las autoridades locales y nacionales para resolver las causas subyacentes de estas protestas y mitigar sus efectos económicos adversos en La Guajira. Esto exige un trabajo orientado a encontrar soluciones sostenibles que garanticen el acceso a servicios públicos de calidad, una educación digna y la resolución de conflictos territoriales, asegurando así el bienestar y desarrollo económico del departamento”.
Cerrejón reitera su compromiso de generar espacios de interlocución, concertación y construcción colectiva con entidades gubernamentales y comunidades. «Como empresa, estamos muy preocupados por los constantes bloqueos que vive la operación y el departamento. Respetamos el derecho a la protesta social, pero rechazamos las vías de hecho porque estamos convencidos que el camino siempre será el diálogo y la colaboración abierta y pacífica con las comunidades», afirmó Juan Carlos García, gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón. «Precisamente hoy estamos en el kilómetro 43 en uno de nuestros Puntos de Encuentro con Comunidades, con autoridades locales, departamentales y nacionales, buscando soluciones y generando conversaciones que ayuden a solucionar las problemáticas de las comunidades. Hacemos un llamado para que cesen las vías de hecho», agregó.
Los constantes bloqueos afectan directamente a más de 13,000 trabajadores y sus familias, así como a cerca de 164 comunidades que reciben agua potable. Además, limitan la capacidad de la empresa para adelantar sus proyectos de inversión social y seguir siendo un actor importante en la economía de La Guajira y del país.
La situación actual subraya la necesidad de un enfoque coordinado y sostenible para abordar las demandas de las comunidades y asegurar el bienestar y desarrollo económico del departamento.
