Las consecuencias de la calamidad pública en la economía guajira

Por Cesar A. Arismendi M.*

La satisfacción de las necesidades de una sociedad se realiza a través del sistema económico, el cual se encuentra determinado por el rol y las dinámicas que a su interior cumplen los agentes y los sectores que en él participan. Los hogares como proveedores de la fuerza de trabajo, el aparato productivo y el Estado con las regulaciones fiscales, son los tres grandes agentes en un sistema económico simplificado, los cuales interactúan en el sector primario (agricultura, ganadería, caza, pesca, minería y silvicultura), el sector secundario (industria de transformación) y el terciario (comercio, servicios y finanzas).

El sistema económico es altamente sensible a las calamidades y mucho más si ellas tienen su origen en la salud pública, como la actual pandemia causada por el coronavirus, generando impactos contundentes e indeseados en las actividades productivas de bienes y servicios, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras.

Menores ingresos y reducción del consumo de los hogares

En la economía global, nacional, regional y local, el primero en sentir las consecuencias de la pandemia son los hogares, ya que estos se ven amenazados por el riesgo a morir de un número importante de sus miembros. Ello se ha estudiado a través de los efectos de la viruela, en donde fallecieron cerca de 300 millones de personas; el sarampión con 200 millones; la fiebre española con 100 millones y la fiebre bubónica que en el siglo XIV mató al 30% de la población europea.

Con base en ello, se puede afirmar que en un frágil sistema económico como el de La Guajira, el COVID-19 puede afectar a los hogares como proveedores de fuerza laboral, la cual tenderá a disminuir a causa del nivel de incidencia de la morbimortalidad. Ello implica que los ingresos de las unidades familiares disminuirán y la población tendrá mayores niveles de carencias. Los hogares van a diferir consumos no prioritarios y los gastos para compra y mejoramiento de vivienda. Un buen segmento entrará en mora con el pago de impuestos, créditos bancarios y servicios públicos.

Baja la producción y se perderán empleos formales

En el contexto de la crisis global provocada por el coronavirus, la economía de La Guajira se verá alterada en su sector primario (la minería) a causa de los bajos precios del petróleo. El gas y el carbón al ser sustitutos de este, bajarán los precios de mercado descendiendo los niveles tradicionales de producción, empleo, consumo interno y el comercio exterior del departamento.

Por el descenso en la utilización del recurso humano del subsector, se descolgarán los ingresos por salarios, lo que finalmente termina contrayendo los consumos en los hogares de los trabajadores. La baja demanda de alimentos, le pegará fuertemente al subsector agropecuario (ganado vacuno) y a la pesca, iniciándose un proceso de desplazamiento a otras carnes y productos más baratos.

La actividad económica secundaria o industrial que no se encuentra asociada con la mitigación de la calamidad por salud pública, mermará en sus niveles de producción, dado que son considerados de consumos o gastos no prioritarios y que se pueden sustituir.

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El comercio, servicios y finanzas tendrán crecimiento imitado y puede tender a ser negativo. La población perderá la capacidad de ahorrar y mantendrá mayores niveles de efectivo en casa, lo que impactará al sector bancario. Se aplazarán viajes, celebraciones, la dinámica hotelera y gastos en restaurantes disminuirán. La compra de servicios de recreación fuera de casa y entretenimiento (economía naranja) bajarán, afectando de manera directa a los agentes económicos que se mueven en el mercado del transporte y servicios turísticos.

En La Guajira ya se sienten las consecuencias con el aplazamiento de eventos y festivales emblemáticos que mueven los circuitos económicos regionales y locales. La demanda efectiva de bienes locales tendrá una lenta dinámica, incluyendo los proyectos de explotación de hidrocarburos costa afuera y los 50 parques eólicos que se proyectan construir entre Uribia y Maicao.

El Cerrejón en prueba ácida

La confrontación entre Arabia Saudita y Rusia que ha propiciado la caída de los precios del petróleo, impacta directamente la producción carbonífera. Con seguridad los precios seguirán dichas tendencias y las importaciones de materiales y suministros de la actividad minera serán más caras. En esta coyuntura, la imposibilidad legal de extraer carbón en zonas de menores costos, como el tajo debajo del Arroyo Bruno, estar inmersa en una negociación colectiva con los trabajadores, las dificultades financieras del proyecto y la implementación del plan de cierre de la mina que se completará en el 2034, ponen a prueba las capacidades de la empresa minera para no anticiparlo en un escenario en donde los vientos están en su contra.

Los precios de los bienes y servicios se incrementarán

En la medida en que la crisis se mantenga, comenzarán a faltar algunos productos de los diferentes sectores, especialmente aquellos que hacen parte de la canasta familiar. Ya es evidente que los tapabocas, gel antibacterial, elementos de aseo e higiene no se consiguen con facilidad, dando origen a que sus precios suban.

Al caer la producción agropecuaria departamental y al mermarse los circuitos de transporte y abastecimiento entre regiones por factores asociados a las actuales condiciones de salud pública y muy a pesar de la disminución de los precios de los combustibles, los alimentos (frutas, verduras y otros) incrementarán sus precios. Al cerrarse la conectividad área, marítima y terrestre, el grado de intercambio con el exterior se reducirá, incrementándose los niveles de escasez en el territorio y los precios de los productos industriales tenderán a subir.

Tributos e inversión de los gobiernos nacional, regional y local disminuyen

Al bajar los ingresos de los hogares y la actividad económica en los tres sectores productivos, el Estado en sus diferentes niveles, verá reducida la recaudación de impuestos (IVA, compensaciones, predial, valorización, rodamiento, industria y comercio, etc), afectándose los sistemas de transferencias de regalías y del Sistema General de Participaciones, es decir, se pondrá a prueba la estabilidad fiscal regional y local.

Esto llevará a que los gobiernos no tendrán recursos suficientes para emprender nuevos proyectos sociales que activen la demanda efectiva regional y local. En este caso, el Estado disminuirá su capacidad de generación de empleo afectándose la contratación de bienes y servicios a través de terceros y las capacidades de incidir en la actividad productiva como generador de economías externas en el territorio, necesarias para estimular la inversión de los hogares y las empresas.

La informalidad y el rebusque subirán

En un escenario de pérdida de empleos formales en el sistema productivo y en el Estado, ese recurso humano sobrante se desplazará al sector informal, en donde competirá por un espacio de mercado que en La Guajira, ya es numeroso. Ello traerá como consecuencia, que las personas que en él participen, invertirán más horas de trabajo para obtener el ingreso mínimo necesario para mantener a sus hogares. Es decir, la jornada laboral de las personas que trabajan en el sector informal se incrementará. Ellos serán los primeros en violar los aislamientos sociales obligatorios.

Las farmacias, las comunicaciones, servicios de entrega, acaparadores y paga diario, serán ganadores

Observando las dinámicas y los resultados de las medidas adoptadas por el gobierno con el teletrabajo, aislamiento preventivo, aislamiento social obligatorio y el toque de queda en algunos municipios, se van identificando ganadores y perdedores en medio de la calamidad por salud pública. Indudablemente que la industria productora y los establecimientos comerciales de medicamentos, elementos de aseo y limpieza, hasta cierto punto serán ganadores en la crisis. El sector de las comunicaciones, servicio de entrega (domicilios) y entretenimiento en casa serán sus acompañantes.

En los centros urbanos y poblados se destacan los acaparadores (especuladores) y los agiotistas (presta diario). Los primeros, propiciarán escenarios de desabastecimiento para obligar el alza de los precios. Esto le permite obtener alta rentabilidad sin invertir recursos adicionales.

Por el otro lado, se encuentran los agiotistas o presta diario, que aprovecharán la baja generación de ingresos del sistema productivo y del Estado, para darle liquidez a un segmento de hogares que mermaron los niveles de consumo y prestarle el plante al que pondrá un negocio informal. Es por ello que se requiere mucho control por parte de las autoridades locales, cosa que no se percibe en nuestro departamento y municipios.

Los hogares rurales serán perdedores

Las políticas públicas en torno de la emergencia sanitaria en el país, van determinando que están más dirigidas a los conglomerados urbanos y menos a la población rural, en donde se incluyen las poblaciones indígenas que viven de manera dispersa en las áreas semidesérticas de la Alta y Media Guajira, así como en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La zona rural de La Guajira adolece de un sistema sostenible de abastecimiento de agua y saneamiento básico con alto grado de inseguridad alimentaria, componentes cruciales para mitigar y contener la expansión del coronavirus. Dado que los gobiernos nacional y territorial recaudarán menores tributos, la focalización de la inversión pública en contrarrestar la pandemia, será el escenario para seguir prorrogando o posponer la estructuración del plan de acción de la Sentencia T – 302 de 2017, en donde se deben determinar obras e inversiones en agua potable, seguridad alimentaria, salud y vías de comunicaciones en los municipios más poblados de La Guajira.

Así las cosas, los hogares indígenas se verán afectados muy a pesar de su dispersión y grado de aislamiento en el territorio, ya que solamente el 9% cuentan con fuentes de agua disponible, apta para consumo humano y lavarse las manos. Las inversiones determinadas en diferentes sentencias en donde se reclaman derechos fundamentales pueden posponerse en su implementación, y con ello se incrementarán las brechas de pobreza e inequidad entre lo urbano y lo rural disperso, entre la nación y La Guajira. Las brechas interétnicas serán mayores.

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