La Procuraduría General de la Nación archivó un proceso disciplinario contra los exgobernadores de La Guajira, José María Ballesteros y Oneida Pinto Pérez, igualmente de exalcaldes como Rafael Ceballos Sierra de Riohacha, por una queja presentada por el abogado Rafael Freyle Brochero, por la muerte de niños wayuu por desnutrición.
Según el documento emitido por el organismo, este considera que la desnutrición en La Guajira, obedece a diferentes causas, atribuibles a las condiciones climáticas y ambientales, al Estado en sus diferentes niveles y a las comunidades indígenas.
También se exoneran a los exalcalde de Uribia, Abel Giacometto Fominaya; de Manaure, Francisca Freyle Mengual y de Maicao, Eurípides Pulido.
Dice el Ministerio Público que esta problemática no es un asunto que deba abordarse específicamente desde la labor disciplinaría de ese organismo de control, en la medida en que como lo señaló la Corte Constitucional, es un asunto en el que, de una parte convergen principalmente temáticas como la salud, el acceso a agua potable y la provisión de alimentos y, de otra, superan de manera insular a las entidades cuyos funcionarios fueron llamados a la investigación.
También advierte que desde los requerimientos ordenados durante la fase de investigación disciplinaria y su prórroga, se allegaron informes y medios de pruebas relativos a las acciones que han sido desplegadas desde el orden nacional, departamental y por cada uno de los municipios.
En el fallo se explica que si la actividad que emprendió determinado investigado contribuyó a la solución del problema no es posible bajo el escenario probatorio sustantivo, toda vez que dichas acciones de seguro contribuyeron a mitigar el problema, pero no hay indicadores efectivos que demuestren de qué manera lograron atenuar la desnutrición infantil en el ente territorial por la inexistencia de una línea base que sirva de parámetro para ello.
Advierte además que tampoco se allegaron al expediente medios de prueba que dieran cuenta de procederes irregulares o conductas relacionadas con actos de corrupción, o de los que pudiera inferirse que los investigados hubieran podido llevar a cabo determinada acción y no lo hicieron.
Uno de los absueltos es el exalcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra, quien consideró importante la divulgación de esta decisión favorable para exservidores, así no haya habido rueda de prensa o boletín oficial. «Siendo un caso complejo, enseña que no es en el inicio o avances de un proceso cuando se pueden inferir culpabilidades, sino al final, cuando se han practicado todas las pruebas y se ha garantizado y ejercido el derecho a la defensa», enfatizó.
