La Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación acordaron las líneas de trabajo ante las evidencias encontradas por los equipos técnicos en diferentes regiones del país, frente a las presuntas irregularidades en las actuaciones para atender la emergencia generada por el Covid-19.
Los tres organismos conformarán una mesa técnica de carácter permanente que, como puesto de control unificado, revise quejas, hallazgos y denuncias ciudadanas sobre abusos en el manejo de los temas de la emergencia e identifique las acciones inmediatas que deban emprenderse.
Cada semana se darán a conocer los casos que tengan impacto nacional y regional que presenten indicios de corrupción y desgreño, para ejercer articuladamente las acciones fiscal, disciplinaria y penal, según sea el caso.
Se estableció también que los equipos de las tres entidades actuarán integrados en los territorios, facilitando una mayor eficiencia en las investigaciones, con el compromiso de reportar al país los hallazgos y las decisiones que se tomen por cada una de las entidades.
“No vamos a permitir que los corruptos jueguen con la necesidad de la gente en esta coyuntura”, señalaron los jefes de las entidades comprometidas en la estrategia Transparencia para la Emergencia. Trabajo conjunto y resultados son la clave para frenarles el paso a los corruptos”, expresaron los líderes de los tres organismos.
La Contraloría General de la República recientemente entregó un nuevo reporte de contratos destinados a la atención de la emergencia por el COVID-19, detectando tres casos de personal médico contratados en Puerto Escondido, Córdoba que cobraron buena parte del valor del contrato aunque solo laboraron dos días.
Igualmente encontró casos relevantes en Guaduas (Cundinamarca) y Ocaña (Norte de Santander), La Unión (Valle), Acacías y Puerto Gaitán (Meta) y La Palma (Cundinamarca), así como en las Gobernaciones de Arauca, Casanare, Guaviare y Valle, que tienen que ver, sobre todo, con sobrecostos en kits de mercado y elementos de protección como tapabocas y geles antibacteriales, entre otros.
Otro caso fue en la Gobernación de Arauca donde hay un presunto sobrecosto en un contrato de compraventa, por valor de $4.463.739.189, cuyo objeto es el suministro, logística y entrega de un kit de ayuda alimentaria para la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19.
Igualmente en el municipio de Guaduas (Cundinamarca) la Contraloría detectó sobrecostos en la ejecución de un contrato por $310.000.000, cuyo objeto es el suministro de mercados y kits de aseo para la población vulnerable, con ocasión del COVID-19.
