El gobierno nacional informó que a partir del primero de agosto las instituciones educativas no oficiales podrán volver a clases presenciales de los niveles de educación inicial, preescolar, básica (primaria y secundaria) y, media.
A través de la Directiva 012 el ministerio de Educación Nacional dio orientaciones para las autoridades competentes en educación de los departamentos, distritos y municipios, así como para los rectores de los establecimientos educativos no oficiales (jardines infantiles y colegios privados), dirigidas a la continuidad en la prestación del servicio público de educación inicial, preescolar, básica y media.
La Directiva señala que según la evolución epidemiológica de la pandemia por el COVID-19 y disposiciones de las autoridades durante la emergencia sanitaria, se amplía la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 de julio de 2020 para la población estudiantil de establecimientos educativos no oficiales.
Asimismo, contiene las orientaciones que emite el ministerio de Educación Nacional para que con la debida anticipación cada establecimiento educativo no oficial (privado) en coordinación con las autoridades sanitarias competentes, inicie la preparación y acciones requeridas para organizar un retorno gradual y progresivo de la prestación del servicio educativo en las aulas, bajo un esquema de alternancia que combina el trabajo académico presencial y en casa bajo diferentes opciones para desarrollar las interacciones entre docentes y estudiantes.
«Desde El ministerio hacemos una invitación para que, en cada espacio y contexto local y regional, se fortalezca el trabajo intersectorial con las respectivas autoridades para preparar las condiciones de retorno a las aulas bajo condiciones de bienestar de la comunidad educativa, acorde con las exigencias de la emergencia sanitaria y las disposiciones del Ministerio de Salud», indicó la ministra María Victoria Angulo.
Finalmente, informa que en los siguientes días se emitirá un lineamiento que será referente para la transición progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial y la implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en la comunidad educativa.