Por Orlando Mejia Serrano
Este domingo, Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez ladraron al unísono desde sus columnas del periódico El Tiempo (9-07-23) contra la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
Mantienen los mandaderos de Sarmiento Angulo que esa medida no es necesaria porque las múltiples problemáticas que vive el departamento pueden ser resueltas por la vía ordinaria. Dicen, despectivos, que se trata de una maniobra de Petro para gobernar por decreto o, lo que es peor, para crear un Estado ‘de facto’, etc., puesto que la dramática situación que atenaza a las gentes de La Guajira “no constituye un hecho extraordinario” y por tanto no satisface “el test de excepcionalidad que debe aplicarse en estos casos” (Martínez).
Uno y otro coinciden en pedirle a la Corte Constitucional (o así lo insinúan) que “en su sabiduría” declare inexequible el Decreto 1085 de 2023 con el que se busca conjurar un estado de cosas impropio de una democracia digna de ese nombre.
Pierden de vista este par de señorones de la abyecta politiquería nacional que con el embeleco de las vías ordinarias se le han negado las condiciones de posibilidad a las gentes de La Guajira de acceder a los bienes de la vida moderna, especialmente a aquellas que habitan en las zonas más apartadas de los centros urbanos.
Una sucinta mirada a las promesas de gobiernos de los que hicieron parte tanto Vargas como Martínez corrobora con creces que al establecimiento bogotano le han sobrado pretextos y le ha faltado voluntad política a la hora de atender los ingentes problemas sociales de La Guajira.
En 2014, por ejemplo, uno de los suyos le solicitó al Gobierno de Juan Manuel Santos que acudiera a esa figura para conjurar la crisis humanitaria en que quedó sumido el departamento por los efectos del Fenómeno del Niño. “Declarar a La Guajira en estado de Emergencia Económica y Social debe ser la primera tarea del gobierno para acompañar los esfuerzos de nuestro departamento para atender oportunamente a las víctimas del cambio climático”, decía ese año el representante a la Cámara Antenor Durán Carrillo, pero no le pararon ni cinco de bolas.
En 2016, la abogada de la comunidad wayuu Carolina Sáchica Moreno hizo una petición similar, es decir, “declarar un estado de excepción en La Guajira, ante la situación que enfrentan comunidades vulnerables, como la wayuu, en la cual se han presentado muertes por desnutrición de niños, de madres gestantes y adultos mayores” (La Vanguardia, 2017), y el gobierno de Juan Manuel Santos, obligado por un derecho de petición que impetró Sáchica Moreno, respondió que el departamento de La Guajira no sería declarado en estado de emergencia porque la situación se podía resolver por la vía ordinaria en un tiempo razonable.
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Y lo mismo había ocurrido, en 2015, cuando la CIDH dictó medidas cautelares para garantizar la supervivencia de la comunidad wayuu. Santos no solo hizo tabla rasa de este dictamen, sino que le pidió al organismo internacional suspender tales medidas porque “ya se está atendiendo la población infantil y adolescente wayuu”, lo cual, por supuesto, devino una falsedad monumental (la mortandad de niños y niñas ocurrida desde entonces así lo confirma).
El turno luego sería para el catastrófico gobierno de Iván Duque, que le mamó gallo de todas las maneras posibles al cumplimiento de la Sentencia T- 302 de 2017.
Todos estos antecedentes se citan en el Decreto 1085 de 2023, pero a Germán Humberto Vargas Martínez le parece que “no existe fundamento alguno que legitime el estado de excepción establecido por el Gobierno”, pese a reconocer que existe la crisis humanitaria que motivó la medida en cuestión.
Los perversos siameses sostienen, en efecto, que en La Guajira hay escasez de agua potable, hambre, baja cobertura en salud y educación y hace falta una adecuada infraestructura eléctrica, pero que eso no tiene nada de extraordinario, que así son las cosas en Colombia…
Y justamente para mantener incólume ese estado de cosas, Germán Vargas Lleras se reunió en Barranquilla con Fuad Char (protagonista de La costa nostra, el libro de Laura Ardila censurado por Planeta), donde propuso formar “una nueva coalición en el Congreso a partir de este 20 de julio que nos garantice que no se tramitarán la reforma laboral, ni pensional ni de la salud”, o lo que es lo mismo: para hacer trizas los anhelos de cambio del pueblo colombiano y seguir reinando a cocotazo limpio.
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