La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, pidió a los mandatarios de las ciudades capitales fortalecer sus capacidades técnicas y jurídicas en la actualización y/o ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, considerando las condiciones sociales, ambientales y económicas en la implementación de estos instrumentos.
La petición la hizo durante la apertura de los ciclos de talleres ‘Diálogos Territoriales: dimensión ambiental en el ordenamiento territorial de las ciudades capitales’.
Contenido sugerido:
- Idayris Yolima Carrillo, guajira nombrada Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado
- Procuraduría archivó proceso disciplinario contra exgobernadores de La Guajira y exalcaldes
Algunos de los aspectos que solicitó tener en cuenta Cabello, fueron la protección del recurso hídrico, la lucha contra los efectos del cambio climático, los daños ecológicos ocasionados por la deforestación y el aumento de desastres en zonas vulnerables y de conflictos sociales en la construcción y actualización de los instrumentos de planificación territorial.
“Lo que pretendemos es que al cierre de esta serie de diálogos la dimensión ambiental dentro de los POT sea estudiada e implementada en sinergia por todos los actores competentes en cada una de las ciudades para que aumente el interés por actualizar y aplicar los instrumentos de planificación, con el fin de propiciar ciudades y comunidades más sostenibles”, puntualizó.
También indicó que en que en el país existen grandes desafíos sociales en razón al desconocimiento jurídico y técnico del ordenamiento ambiental en los territorios, la desarticulación institucional, y la escasa participación de la sociedad, y resaltó el Convenio de Cooperación entre la Procuraduría y Asocapitales que busca promover la estricta aplicación de la legislación agraria, ambiental y de gestión del riesgo en el ordenamiento territorial
La directora de Asocapitales, Luz María Zapata, destacó la realización de los talleres que permitirán acompañar a las ciudades capitales en el ejercicio de ordenar el territorio, dado que 68% de ellas actualmente se encuentran en revisión o modificación de sus planes de ordenamiento.