La Procuraduría General de la Nación advirtió que las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país, están incumpliendo con el rotulado, embalaje y traslado de las muestras de COVID-19, las cuales deben ser enviadas al Instituto Nacional de Salud.

Por esto motivo hizo un  llamado a las entidades territoriales y distritales de salud a fortalecer con la mayor celeridad los laboratorios de salud pública de su jurisdicción y a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de casos probables de COVID-19, para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados.

La advertencia la hizo después que de una visita al Instituto Nacional de Salud el domingo 22 de marzo, donde se evidenció este incumplimiento.

“Algunas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarlas”, advierte el organismo de control.

Indica que cada muestra le cuesta al sistema $380 mil aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir.

La Procuraduría encontró que las direcciones territoriales, a través de los laboratorios de salud pública, no tienen contratado el transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras oportunamente al INS, pese a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país y la alerta sanitaria en la que estamos.    A la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.

Adicionalmente, se vendrían presentando demoras en la socialización del resultado por parte de las entidades territoriales de salud a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS – y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB-, lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con COVID-19, además de aumentar el riesgo de nuevos casos.

 Rutas personal médico

Adicionalmente el Ministerio Público exhortó a los secretarios de salud departamentales, municipales y distritales a gestionar y confinanciar la implementación inmediata de rutas de transporte para personal médico asistencial que labora en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público o privado, que garanticen su seguridad y la de los conductores, conforme a los protocolos existentes.

“Su operación dará un alivio a los profesionales de la salud, garantizará su movilidad, su seguridad personal y evitará el contacto y potencial contaminación hacia los ciudadanos que se movilizan en medios de transporte público”.

La Contraloría General de la República ya había advertido sobre esta situación, por lo que solicitó a las secretarías de Salud para que agilicen la recogida, embalaje y envío de pruebas diagnósticas del COVID-19, pues aseguró que estas no están llegando al Instituto Nacional de Salud.

Esta entidad estatal tiene capacidad de procesar diariamente 1600 muestras y apenas están llegando 600, indicó el ente de control.