Por Fredy González Zubiría – Investigador cultural*.
Para el siglo XVIII los indígenas en la península de La Guajira aún poseían el control de sus tierras, ejercían el libre comercio, no estaban bajo la subyugación y vasallaje, no reconocían la autoridad del rey ni se encontraban bajo la jurisdicción de las leyes españolas.
El comercio con ingleses y holandeses de reses, chivos, perlas, palo brasil y dividivi fue vital para su economía. Les permitían acceder a alimentos y bienes que ellos no producían. Obtenían armas para proteger el territorio, harina, arroz, herramientas para la agricultura, hilos y telas. El imperio declaró ilegal ese comercio porque no pagaba impuestos, mientras que los comerciantes españoles deseaban el monopolio de esos productos.
En el siglo XVIII, la estrategia del gobernador español Gerónimo de Mendoza para conquistar el territorio guajiro era muy sencilla: “Dejar pobres a los indios para tenerlos obedientes”. Para ello era necesario cortar su comercio con extranjeros y realizar incursiones militares a las rancherías con quema de viviendas, apropiación de su ganado, “civilizar” algunos indios con regalos y desterrar a los más rebeldes.
Los Indígenas más adeptos fueron los que terminaron dependiendo de los españoles para su alimentación. A los que se acercaban dóciles a Riohacha les regalaban harina, aguardiente y maíz, le crearon la dependencia alimentaria y venían periódicamente a buscar comida. Luego fueron contratados como sirvientes por comida y otros como milicianos para guerrear contra sus propios paisanos.
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La estrategia de los indígenas era como la de cualquier grupo pequeño enfrentado a uno profesional y poderoso: Ataques sorpresas, emboscadas y asaltos a caravanas. Usaban trabucos, pistolas de chispas y flechas envenenadas. La gran ventaja era el conocimiento del terrero y sobre todo de las fuentes de agua.
Ciento cincuenta años después, la República de Colombia cerró los puertos naturales y prohibió de nuevo el comercio wayuu con extranjeros, eso, másla sequía que entre 1907 y 1917 acabaron con los pastizales de las pampas, llevaron a la pobreza a cientos de familias por pérdida de ganado. En 1942 otra sequía condujo a que los wayuu vendieran el 80% del ganado vacuno y solo conservaron el caprino, más resistente al verano.
Según el antropólogo Bolinder quien visitó el territorio en 1920, en La Guajira había cerca de “un millón de cabezas de ganado”, la mayoría murió por la sequía y solo un número menor se salvó por el éxodo hacia el sur. Para 1945 el principal patrimonio económico de la mayoría de comunidades wayuu había desaparecido.
En los siguientes 50 años, miles de wayuu se refugiaron en Maracaibo y en los alrededores de zonas con fuentes de agua como Riohacha, Carraipía y el sur de La Guajira, dedicándose a la cría de chivos y al comercio. Durante ese periodo, por lo menos una de cada diez niñas wayuu fue entregada a familias de Maracaibo, Riohacha, Maicao, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá para el servicio doméstico o de niñeras.
Para el año 2000, la liquidación de Salinas, la crisis de Maicao, el nuevo cierre del único puerto comercial de la Alta Guajira y el inicio de la guerra del gobierno colombiano contra el comercio de gasolina venezolana, dejó sin trabajo a cientos de indígenas. En los últimos 15 años cerca cinco mil wayuu han perdido su fuente de ingresos.
Los alimentos subsidiados venezolanos y las remesas de dinero de parientes del vecino país salvaron a la etnia en Colombia de una hambruna generalizada hace 20 años. Al quebrar la economía venezolana se acabó el comercio binacional, desaparecieron los alimentos subsidiados, más la nueva sequía iniciada en 2014 precipitó la última crisis humanitaria: la muerte de cientos de niños por desnutrición. En la actualidad el 30% de los wayuu dependen de la entrega de alimentos subsidiados o donados para mantener con vida a sus hijos.
En lo corrido del año, cada tres días un indígena es asesinado en La Guajira colombo-
venezolana principalmente en guerras por territorios con todo lo que ello implica: las fuentes de agua, el tráfico de personas, mercancías y gasolina por sus caminos, la presencia de escuelas por la contratación de maestros, comedores comunitarios y negociaciones con empresas privadas. Las trillas o huellas que dejan las llantas en la arena de las trochas le dan valor agregado al territorio. Cerca de cuatrocientos muertos y más de mil desplazados han dejado las guerras en los últimos 5 años.
La frenética búsqueda de culpables por corrupción en La Guajira dejó al descubierto que el objetivo era concentrar la investigación en el departamento y excluir de responsabilidad a Planeación Nacional, el DANE y a los ministerios de Interior, de Minas y de Medio ambiente y de Salud y Protección Social.
Un médico guajiro con experiencia en salud pública me dijo: “Aquí sabemos que la muerte de esos niños tiene orígenes más profundos que la contratación de alimentos, pero aquél que se atreva a decirlo, le buscan algún vínculo familiar o político con algún gobernador investigado y la propia prensa nacional se encarga de descalificarlo”.
Sólo los investigadores del Banco de La República Jaime Bonet y Lucas Wilfred Hahn se atrevieron a plantear otra hipótesis: “El debate ha enfatizado el mal manejo de los recursos por los guajiros, pero la problemática se origina en múltiples factores de carácter estructural y coyuntural. Es importante revisar la realidad social y económica de La Guajira, cuyas características geográficas dificultan la seguridad alimentaria en el territorio”.
Los niños wayuu continúan muriendo. Este año según El Heraldo van 18 en cifras oficiales y una fuente extraoficial asegura que 47. Luego de tres años de estallar la crisis, el accionar del Estado se ha reducido a la cacería de niños desnutridos por el desierto guajiro mientras las soluciones de fondo siguen tibias y dispersas.
El documento Compes 3944 “Estrategia para el desarrollo integral del departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas”, omite el diagnóstico histórico de cuáles han sido las fuentes de ingresos de los wayuu. En la parte del empleo utiliza cifras del DANE totalmente ajenas a la realidad, a su vez pasa por alto la débil inversión de la institucionalidad nacional en el departamento y omite el impacto en La Guajira de la pérdida de regalías, mientras brilla por su ausencia la necesidad de una agenda legislativa integral para el departamento.
Hoy, mientras un brazo del Estado sube o baja el dedo absolviendo o condenando guajiros y mostrando las cabezas cual circo romano, otro brazo continúa persiguiendo las fuentes tradicionales de ingresos de los indígenas por ser ilegales, un tercer brazo con cuchara tiene a cientos de wayuu sentados en sus chinchorros en espera de comida regalada, un cuarto brazo firma autorizaciones a perforaciones al subsuelo y desvíos de arroyos que afectan el territorio indígena; y un quinto brazo del Estado invita a los wayuu a negociar ese desigual trueque llamado Consulta Previa donde se les pregunta cuántos carretes de hilos y rollos de alambre púa quieren a cambio del uso del territorio.
Integrar una nación a otra, con lengua, economía, estructura social y sistema normativo distintos no ha sido fácil para la república. Hace 300 años España estaba frustrada por no poder conquistar La Guajira, ahora Colombia no sabe qué hacer con ella, pero necesita de sus minerales, sus vientos y su mar. En muchas oficinas oficiales y de empresas privadas aún hablan de los indios como un estorbo para el progreso del país.
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