*Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de sus creadores y no reflejan la posición editorial de revistaentornos.com
Por Amylkar D. Acosta M. – Miembro de número de la ACCE.
Mis palabras en la plenaria del Senado de la República en 1998 al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias. 22 años después podemos decir que la calidad de la prestación de este servicio esencial por parte de Electricaribe no está mejor que cuando estuvo peor, violando flagrantemente la Ley eléctrica y la de Servicios públicos que establece que tal servicio se debe prestar con eficiencia, calidad y continuidad.
Electricaribe, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con supuestos “mantenimientos”, que superaban las 90 horas/ año, el doble del promedio nacional de 45.5 horas/año, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios. Como lo afirmó la Superintendencia al momento de proceder a intervenirla el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”. Y no era para menos.
La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos, Caribe Mar y Caribe Sol. El Fondo empresarial de la Superintendencia le inyectó a Electricaribe $5.4 billones, de los cuales $860.000 millones para invertir en la infraestructura en las redes de transmisión local y de distribución.
Contenido sugerido:
- Rafael Baquero: Un hombre grande
- Borrón y cuenta nueva (Primera parte)
- Riohacha fue poblada, no conquistada
- Se nos fue la otra mitad de Gabo
En el entretanto, se aprobó a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de $1.53 billones, “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio” se facultó al Gobierno Nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria”.
Las condiciones, entonces, estaban dadas y se había allanado el camino para el relevo de Electricaribe como operador de red en la región Caribe. El pasado 20 de marzo, como resultado de la subasta que abrió la Superintendencia se adjudico el mercado de Caribe Mar a las Empresas públicas de Medellín, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar y el de Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira al Consorcio Energía de la Costa, en proporción de 10.9% y 10.8%, respectivamente, de los 2.7 millones de usuarios, que representan el 23% de la demanda de energía en Colombia.
Entre los compromisos adquiridos por los dos operadores está la inversión de $10 billones en los próximos 10 años en los proyectos contemplados en el ‘Plan 5 Caribe’, el cual priorizó los principales proyectos a ejecutar para corregir el rezago histórico de las inversiones que ha debido hacer Electricaribe para mejorar la calidad de la prestación del servicio que nunca hizo.
Se espera y se aspira que, ahora que se apaga Electricaribe y a partir del 1º de octubre los nuevos operadores asumen el control y la prestación del servicio, cese la horrible noche que hemos padecido los usuarios y se le ponga coto a los abusos y atropellos de los cuales han sido objeto. El primer reto que deben encarar los nuevos operadores estriba en recuperar la confianza perdida por tantos años de desafueros y exabruptos. Y de contera, es de esperar también que los nuevos operadores sirvan de facilitadores de la marcha de la Transición energética y del impulso de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), pues Electricaribe se había convertido en palo en la rueda, en su mayor obstáculo.
Si EPM y el consorcio Energía de la Costa cumplen, muy seguramente mejorará el nivel de recaudo y la calidad de la cartera, que se han visto afectados como una de las secuelas de la pandemia y se desmitificará el infundio de Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, que controlaba a Electricaribe hasta su intervención, para justificar su inoperancia y mediocridad, así como su incumplimiento con las inversiones requeridas. Y este último ha sido la causa raíz de la calamitosa situación que nos ha tocado padecer a sus usuarios, como lo pudo establecer el estudio que a mi paso por el Ministerio de Minas y Energía le encomendamos a la ex comisionada de la CREG, Carmenza Chahin.
Hacemos votos porque a los nuevos operadores les vaya bien, porque si a ellos les va mal también le irá mal a la región, que ha tenido en las protuberantes falencias y deficiencias en la prestación del servicio público de energía un freno a su desarrollo económico y social, justo en momentos en los que se ha venido dando un proceso largamente aplazado de relocalización industrial que demanda más y más energía. Tanto es así que el crecimiento de la demanda máxima de potencia de energía en la región Caribe, que ronda los 2.857 MW, la mayor después del Centro del país, está muy por encima del promedio nacional. El año anterior, mientras el aumento promedio de la demanda de energía fue de 4.02% en la región Caribe registró el 6.8%. De manera que el desafío de los dos nuevos operadores es mayúsculo.
Foto destacada: Tomada de El Tiempo.
