Entró en vigencia la Ley 2036/2020, en la que la representante a la Cámara por La Guajira, María Cristina Soto, incluyó como proposición un nuevo parágrafo para que las empresas nacionales o extranjeras que desarrollen proyectos de energía alternativa, prioricen el recurso humano de la región donde se realiza la concesión.
“Con esta ley se establecieron medidas especiales con el propósito de fortalecer los procesos de contratación y vinculación de personal en los territorios donde se desarrollan actividades de generación de energía alternativa, con el fin de garantizar los derechos laborales de las poblaciones locales y el incentivo al empleo”, afirmó la congresista.
Agregó que esto beneficia a profesionales, técnicos y tecnólogos, cuyas esperanzas están cifradas en los proyectos que se desarrollarán en este territorio.
Las medidas previstas se aplicarán en todos los municipios donde se ejecuten proyectos de energías alternativas renovables y aplicará a todos los empleadores que vinculen personal a los mismos, a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y a sus prestadores autorizados.
En La Guajira comenzarán a operar en el 2022 dos parques eólicos, Alpha que generará 212MW y Beta de 280 MW. Estarán ubicados en Maicao y Uribia.
