Las motos en Riohacha son más que un simple medio de transporte: en ellas se ve un reflejo de las dinámicas económicas y sociales de la ciudad. Para miles de personas, representa una solución accesible y rápida ante la falta de un sistema de transporte público en el Distrito. Para otros, es un problema de seguridad y desorden urbano. En nuestro escenario crítico de desempleo, es innegable que esta actividad se ha convertido en un pilar del sustento económico para muchas familias en la capital guajira.
Los disturbios presentados recientemente entre los motorizados y la fuerza pública en la ciudad, demuestran la necesidad de analizar esta actividad económica y su complejidad. Por eso, estudiantes y docentes del programa de Economía de la Universidad de La Guajira, desarrollan investigaciones aplicadas para entender las dinámicas de las labores productivas que se encuentran en la informalidad, la cual ocupa al 70 % de la fuerza laboral activa en el Distrito de Riohacha, entre las que aparece el ‘mototaxismo’.
Actualmente, hay más de 11 mil motocicletas registradas en Riohacha. Si bien, no todas se utilizan para el mototaxi, se estima que entre 6 mil y 7 mil vehículos operan activamente en este servicio, lo que implica que un número similar de familias dependen directamente de esta actividad para su sustento diario. La falta de empleo formal y la facilidad de adquirir o alquilar una motocicleta han hecho que muchos encuentren en esta labor, una fuente de ingresos ante la escasez de oportunidades en otros sectores.
Sin embargo, su crecimiento descontrolado ha traído consigo serios desafíos. La seguridad vial es una de las principales preocupaciones: la alta accidentalidad y la falta de reglas de juego claras, generan riesgos tanto para conductores como para pasajeros. Ya se ha vuelto parte del paisaje cotidiano ver sobrecupo y trasteos con elementos de dimensiones excesivas, mientras que el uso del casco parece ser la excepción a la norma.
Además, la competencia del centavo entre mototaxistas y el desinterés por cumplir con normas mínimas de tránsito, se enfrentan a los frecuentes operativos de las autoridades, que intentan controlar un sector que opera en completa informalidad. Mientras muchos conductores denuncian que son perseguidos y sancionados, la ciudadanía sigue dependiendo de este servicio para su movilidad diaria. La percepción generalizada es que no se han establecido reglas claras y contundentes, pues, por ejemplo, no hay claridad sobre las zonas donde no pueden transitar.
Vale señalar igualmente que, más allá del conductor, el mototaxismo es una actividad con múltiples actores económicos. En este esquema, también están los inversionistas que poseen varias motocicletas y las arriendan a conductores, convirtiéndolo en un negocio rentable para ellos, pero muchas veces precario para quienes dependen del día a día.
Los ingresos de un mototaxista varían considerablemente: en un ‘día bueno’ pueden oscilar entre 110 mil y 130 mil pesos, mientras que en un día malo apenas alcanzan 60 mil o 70 mil pesos. Al descontar el costo del alquiler de la moto (cuando aplica), el combustible y otros gastos, las ganancias finales pueden ser mucho más bajas de lo que aparentan.
A este panorama se suma otro problema urgente: la falta de educación vial. No es un secreto que muchos mototaxistas conducen de manera temeraria, a altas velocidades, ignorando señales de tránsito como semáforos, pares y circulando en contravía sin reparo alguno. Tampoco lo tienen al hacer sonar el pito constantemente para buscar nuevas carreras. Su afán por conseguir más pasajeros y maximizar sus ingresos los lleva a cometer infracciones que no solo ponen en riesgo sus vidas, sino también la de los pasajeros y peatones. A veces pareciera que se creen “inmortales”, desafiando las normas de tránsito con maniobras peligrosas que incrementan la accidentalidad en la ciudad.
Además, una parte considerable del gremio opera en una ilegalidad cotidiana, sin documentos esenciales como licencia de conducción, SOAT o revisión técnico-mecánica. Esta situación se hace evidente cada vez que se anuncia un retén: se forman trancones, desvíos masivos y hasta alteraciones del orden público. Esta cultura de evasión no solo genera caos vial, sino que también alimenta la desconfianza entre los mototaxistas y las autoridades, dificultando cualquier intento de regulación efectiva.
Esta realidad pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar programas de educación vial y pedagogía dirigidos específicamente a este gremio. Las autoridades locales, en conjunto con el sector transporte y las asociaciones de mototaxistas, deberían establecer campañas de concienciación sobre el respeto a las normas de tránsito y exigir los requisitos mínimos para la circulación de un motorizado. Más allá de sancionar, se trata de organizar: ¿por qué no pensar en mecanismos de identificación, numeración o distintivos visibles que permitan a usuarios y autoridades reconocerlos? Incluso, condicionar el permiso para operar al cumplimiento de cursos de inteligencia vial y cultura ciudadana.
Ante esta realidad, el debate no debería centrarse en erradicar el mototaxismo, sino en regular de manera efectiva. La prohibición sin alternativas viables solo agravaría el problema y dejaría a miles de personas sin ingresos. Mientras no se mejoren las opciones de transporte público, esto seguirá siendo indispensable. El reto, entonces, es convertirlo en una opción más segura, organizada y regulada. Dejo la pregunta en el aire: ¿somos capaces de transformar esta actividad en una alternativa digna o seguiremos atrapados en la lucha entre la informalidad y la imprudencia?
