Por Weildler Guerra Curvelo*
La situación de las poblaciones de tiburones es alarmante en todo el mundo. Ante ello la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elaboró un Plan para la conservación y la gestión de las poblaciones de tiburones en el 2015. Este organismo considera que los tiburones en general, son extremadamente vulnerables a la sobrepesca debido a su lento crecimiento, madurez tardía y baja reproducción. Las cifras dadas por diferentes fuentes acerca de la pesca de tiburones en todo el planeta pueden variar considerablemente y oscilan entre las 700.000 y 1.5 millones de toneladas anuales.
Una de las prácticas más crueles en relación con la demanda de carne de tiburón tiene que ver con el llamado “aleteo” que consiste en cortar la aleta de tiburón y arrojar al animal aún vivo al fondo del océano. Diversos países han prohibido esta práctica incluido Colombia. En ciudades orientales como Hong Kong, se concentra el 40% del comercio mundial de aletas de tiburón. El valor individual de una sopa de aletas puede alcanzar los ciento cincuenta euros lo que estimula esta horrenda práctica.
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En contraste, en Colombia, donde existen distintas pesquerías, las actitudes, prácticas y valores hacia los tiburones difieren considerablemente entre ellas. Para dar un ejemplo, en el Archipiélago de San Andrés y Providencia el tiburón es considerado un recurso hidrobiológico pero no un recurso pesquero, por ello su captura está prohibida y esta medida ha sido ratificada mediante diversas sentencias. En la península de la Guajira algunas especies de tiburones forman parte de patrones alimenticios con profundo arraigo en su tradición. La carne de juveniles como el cazón se emplea en platos altamente valorados en la culinaria local y su consumo se hace a través de la pesca artesanal y no con fines de exportación. El aceite de este escualo se emplea también con carácter medicinal en diversas pesquerías del Caribe. Sin embargo, el consumo o aprovechamiento sistemático de las aletas de tiburón no hace parte de las prácticas de las pesquerías colombianas.
Sorprende por ello la expedición de la resolución 350 de octubre del 2019 que va en contra de los esfuerzos internacionales en materia de conservación y gestión de las poblaciones de tiburones. Esta resolución incentiva la pesca de especies amenazadas consideradas de alta importancia para la salud de los ecosistemas marinos. Al establecer que la cuota de pesca en el Mar Caribe para el próximo año puede incluir 5.2 toneladas de aletas de la especie conocida como el tiburón sedoso se genera un incentivo sobre la práctica del aleteo.
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Esta resolución deja muchos interrogantes. ¿En qué estudios se basó el Ministerio de Agricultura para adoptar esta medida? ¿Qué extensión geográfica tuvieron estas investigaciones dado que se trata de especies altamente móviles? ¿Tiene el país la capacidad institucional para verificar los procesos de desembarque de los tiburones capturados? ¿A dónde irán a parar las aletas?¿Hay intereses particulares detrás de esta resolución? ¿Tenemos la capacidad moral como humanos para legitimar la mutilación sistemática de otras especies?
Estimular la pesca de tiburón y permitir la comercialización de sus aletas en regiones colombianas donde no existe ancestralmente esta práctica se convertirá en un incentivo perverso para su captura indiscriminada y una amenaza sobre sus poblaciones.
