Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE
Ilusionado, como todos los colombianos, que la Constituyente era el camino, como rezaba la publicidad oficial que la promovió, para lograr las grandes transformaciones, empezando por la política, al instalar las sesiones del nuevo Congreso de la República elegido después de la revocatoria del anterior, pronuncié un discurso que titulé Hacia un nuevo país. Pero, tengo que confesar que participo de la frustración de la mayoría de los colombianos, pues cumplidos los primeros treinta años de la vigencia de la Constitución Política de 1991 expedida por ella no estamos mejor que cuando estuvimos peor. Empezando porque la nueva Carta, considerada como un Pacto de paz, lejos de ello el conflicto armado se recrudeció y hubo que esperar 15 años para la firma de Acuerdo final con las FARC, como principio del fin del mismo.
Y ello ha obedecido, en gran medida, a que muchos de sus mandatos, como el relativo a la autonomía y al ordenamiento territorial siguen sin desarrollarse, se han quedado escritos en el papel. Es atribuible también al afán reformista del Congreso, que ha terminado convirtiendo a la Constitución, como lo presagió el inmolado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, en una Carta a la carta. Son ya 57 las enmiendas a la Constitución Política y buena parte de ellas han sido regresivas. Ello se explica en gran medida al fetichismo normativo, consistente en la falsa creencia de que basta con cambiar las leyes para cambiar, como por arte de birlibirloque, la realidad.
Con el Acuerdo final “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” con las FARC ha sucedido lo mismo que con la Constitución de 1991. En el mismo se plantean “medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local”. Pero, con este punto, que es de la quintaesencia del Acuerdo ha sucedido lo mismo que con el primero y principal de los puntos acordados, el “acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva”. Uno y otro punto siguen siendo letra muerta. Todo ha quedado en agua de borrajas.
El bloqueo y la imposibilidad de expedir una genuina reforma política y electoral, así como la auténtica reforma a la justicia, llevó al ex ministro y ex fiscal general de la Nación Alfonso Gómez Méndez a plantear que “para salir de este atolladero, es hora de volver a la idea planteada por el expresidente López Michelsen de “convocar una ´pequeña´constituyente de elección popular, con temario preciso y delegatarios debidamente formados en la materia”.
Esta sigue siendo una iniciativa que se plantea cada vez que fracasa el trámite en el Congreso de la República de estas inaplazables reformas estructurales, las cuales, como lo acaba de plantear el más reciente Informe del BID, son esenciales para recuperar la confianza en las instituciones que son pilares de la democracia. ¿Será ello posible?
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