En conjunto, las dependencias de Planeación, Gobierno y la Inspección de Policía, trabajan en acciones que permitan evitar la apropiación y venta ilegal de predios.

Desde el inicio, la Administración ha propendido por el crecimiento de Riohacha dentro de los parámetros urbanísticos; en ese sentido, se han puesto en marcha estrategias que faciliten esta labor, entre ellas, la implementación de controles urbanos, trabajo que se ha realizado de la mano con la comunidad, haciendo seguimiento a las denuncias realizadas, para evitar la apropiación ilegal de la propiedad privada y la venta de las mismas.

En ese sentido, el secretario de planeación, Fadner Fonseca Vizcaíno, fue enfático en señalar que en la ciudad no se ha identificado alguna estructura delincuencial que se dedique a la venta de predios de manera irregular, como han afirmado algunos ciudadanos.

“Un cartel es una estructura organizada para poder sistemáticamente apropiarse y posteriormente vender propiedades.* En Riohacha, lo que hemos conocido son algunos casos aislados de particulares que no pertenece a una organización y que se han dedicado desde hace muchos años a este delito. Nosotros desde la Administración estamos trabajando organizadamente para identificar estos casos y poder denunciarlos ante las autoridades competentes, dijo el funcionario.

Fonseca Vizcaíno, agregó que el crecimiento ordenado de Riohacha es el pilar fundamental del desarrollo de la ciudad; por eso, a través de la Secretaría de Planeación, se han canalizado y dado tratamiento a denuncias de posibles cierres de vías públicas.

“Nosotros seguimos con la intención de trabajar de la mano con la comunidad, no tenemos la capacidad para tener siempre los ojos puestos en estos casos y por eso acudimos a la gente, a quienes invitamos a denunciar todos los actos irregulares de los que tengan conocimiento en todo el territorio, para nosotros actuar de forma inmediata”, acotó el secretario.

Hasta el momento se han recibido tres solicitudes, de presuntos cierres o apropiación de vías, a las cuales se les abierto procesos independientes, para estudiar la documentación aportada por los posibles propietarios y tomar determinaciones que beneficien a la ciudadanía, sin vulnerar los derechos de las personas.