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Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
Según el economista Jefe del BID, Eric Parrado, “Latinoamérica se ha vuelto el epicentro de la pandemia y al mismo tiempo registra el impacto más profundo en términos de actividad económica. Las proyecciones de pérdida de ingresos y empleo en 2020 superan a las de los países desarrollados, Asia emergente y África Subsahariana. En ambos frentes hemos tenido los mayores problemas”.
Y, como lo afirmó recientemente el Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master que “los efectos que tuvo la cuarentena sobre Colombia fueron significativamente mayores que en otros países en términos económicos” y añadiría yo que en términos sociales también.
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Como lo advierte el profesor de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile, Pablo Lacoste, este mayor impacto no es sólo en el desempeño de la economía, “esta será la región más afectada debido a su vulnerabilidad social. Después de la pandemia, se va a descubrir que los niveles de pobreza habrán trepado del 30% al 50% en muchos países. Esto se da por razones estructurales y sistémicas”.
Así como las preexistencias en las personas las predispone y las hace más propensas a contraer el nuevo coronavirus de la COVID-19 y si se contagian tienen una mayor probabilidad de un desenlace fatal, las economías con preexistencias de falencias en sus fundamentales también corren la misma suerte. Y, desde luego, al entrar la economía a la unidad de cuidados intensivos, los estragos sociales que arrastraba consigo, también preexistentes, se agudizan y se acentúan, que es cuanto ha venido dándose desde que se declaró oficialmente la pandemia y se empezaron a tomar las medidas para contenerla y mitigarla.
En efecto, según informe reciente del Director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el año anterior el índice de la pobreza monetaria y el de la pobreza extrema que se había reducido a los niveles 34.7% y 8.2%, respectivamente, en 2018, se elevaron hasta el 35.7% y 9.6% en 2019. Ello significó un punto porcentual en el índice de la pobreza monetaria, 661.899 de personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza monetaria, para completar los 17.4 millones, al tiempo que 728.955 personas pasaron de la pobreza monetaria a la pobreza extrema, totalizando los 4.6 millones. Cabe destacar que no sólo se retrocedió en el terreno ganado en el mejoramiento de los índices de pobreza, sino que también se volvió a deteriorar el coeficiente Gini que mide el grado de desigualdad de ingresos, al pasar del 0.508 en 2018 a 0.526 en 2019. Ello no es de extrañar, habida cuenta que en el año 2019 mientras el 20% más rico de la población experimentó un incremento en sus ingresos el 20% más pobre los vio reducidos en 6.2%.
En concepto del Director del DANE, “el aumento en la incidencia de la pobreza puede estar asociado al incremento de la tasa de desempleo que se registró entre 2018 y 2019”, al pasar del 9.7% al 10.5%, agravada ahora con la pandemia. El caso más patético es el de la franja de los ninis, que es como se conocen los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son quienes han llevado la peor parte en esta crisis. Según datos del DANE (con corte a 2019) ellos representaron el 18.3% de la población entre los 14 y los 28 años en Bogotá.
También en su caso, como en el de las mujeres, es notorio el sesgo en su contra de la afectación en sus oportunidades de empleo y/o trabajo. Según el DANE, “se estima que si un joven habita en un lugar con estratificación social 1 o 2, la probabilidad de que ni estudie ni trabaje es del 46.5%, cifra que contrasta con quienes viven en estratos 5 o 6, donde la posibilidad es apenas del 14.3%. El panorama para las mujeres de escasos recursos es más complejo, pues la falta de oportunidades llega al 62.8%”.
Un estudio reciente de la Facultad de economía de la Universidad de los Andes, que analizó el caso de Bogotá es muy revelador: “un ciudadano que vive en un barrio de estrato 1 tiene 10 veces más probabilidad de ser hospitalizado o fallecer por el nuevo coronavirus y 6 veces más posibilidades de ingresar a una Unidad de cuidados intensivos (UCI) comparado con una persona que resida en estrato 6”. Y concluye que “la mayor tasa de contagios y muertes en estos grupos apunta a la desigualdad socioeconómica”.
Un estudio similar de la Universidad de los Andes pone de manifiesto que el COVID-19 ataca con mayor rudeza a los más pobres, así como a las comunidades negras e indígenas, por tener menos acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico, amén de su mayor afectación de la desnutrición, el hacinamiento y la informalidad laboral.
