La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, falló a favor de Jairo Aguilar Deluque, ratificando la legalidad de su elección como gobernador de La Guajira para el periodo 2024 – 2027, desestimando así las pretensiones de los demandantes, quienes aducían causales de incompatibilidad por haber ejercido supuestamente como gobernador encargado de este departamento, los días 22, 23, 24 y 25 de julio de 2022.
Gracias al material probatorio recaudado, la Sala encontró que entre el 21 de junio y 25 de julio de 2022, Aguilar Deluque no tuvo la condición de gobernador encargado, ya que era otro servidor público sobre quien recaía esta situación administrativa.
En consecuencia, el alto tribunal dejó en firme la legitimidad de la elección de Jairo Aguilar como mandatario de los guajiros, es decir, que continúa en su cargo sin ninguna dificultad legal.
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“La decisión del Consejo de Estado no solo reafirma mi elección, sino que también nos permite mirar hacia adelante con optimismo y enfoque en el desarrollo de nuestro departamento sin las distracciones de disputas legales prolongadas, presentadas por contradictores sin argumentos ni bases válidas; miremos hacia adelante y sigamos cumpliendo la palabra”, dijo el gobernador Jairo Aguilar Deluque.
Cabe indicar que, los argumentos presentados por los demandantes fueron exhaustivamente evaluados por el tribunal, quienes finalmente declararon improcedente la demanda al comprobar que los hechos no correspondían.
“En el caso en concreto, la Sala Electoral adujo que la incompatibilidad alegada no se torna en una inhabilidad, puesto que no se convierte en un impedimento para acceder a algún cargo o empleo público, sino que la prohibición se concreta en no poder desarrollar actividades de los partidos o movimientos políticos, cuya consecuencia solo genera, eventualmente, la imposición de sanciones disciplinarias y no la nulidad de la elección”, precisó el Consejo de Estado mediante comunicado de prensa.
Con este fallo, se rompe con la constante inestabilidad administrativa en la última década en el departamento de La Guajira, debido a las múltiples demandas realizadas contra los anteriores gobernadores.
