Cerrejón pagó en 2022 más de 2 billones de pesos por impuesto sobre la renta, tanto por lo generado en el año anterior como por los impuestos pagados de manera anticipada para el año 2022. Además, la compañía pagó casi 1,5 billones por regalías y 213.000 millones de pesos en otros conceptos impositivos, como parafiscales o aranceles por importaciones, entre otros.
“A pesar de las lluvias y los bloqueos que impactaron nuestra operación el año pasado, con el trabajo de todo el equipo pudimos generar ingresos directos a la nación y al departamento y beneficios a nuestros empleados, sus familias y las comunidades de nuestra área de influencia”, señala Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón.
Impuestos pagados en La Guajira
Dentro de esas cantidades mencionadas, Cerrejón pagó a La Guajira y a los seis municipios de su área de influencia 52.300 millones de pesos por diferentes impuestos. El departamento recibió 30.000 millones de pesos por conceptos como la estampilla pro-desarrollo fronterizo. Por su parte, los municipios de Albania, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Manaure y Uribia recibieron en total 22.300 millones de pesos, por rubros como el impuesto predial y, en el caso de Uribia, también por la contraprestación portuaria.
“Cerrejón es una empresa plenamente comprometida con La Guajira. Ejecutamos toda nuestra inversión social en este departamento; cuidamos los recursos, especialmente el agua, porque sabemos que es un elemento esencial para la vida en la región; trabajamos para desarrollar un corredor de biodiversidad que unirá la Serranía del Perijá con la Sierra Nevada de Santa Marta; la gran mayoría de nuestra gente vive en esta región; y generamos riqueza para que miles de personas se beneficien directamente de los resultados que logramos en nuestra operación”, concluye Claudia Bejarano.
La empresa emplea a más de 12.000 personas, entre trabajadores directos y contratistas, de los que más del 60% son oriundos de La Guajira. Además, el año pasado, la compañía realizó una inversión social de más de 136.000 millones de pesos, entre proyectos voluntarios y obligatorios, que incluyeron los viveros y los trabajos de rehabilitación de tierras realizados con las comunidades.
