Por Cesar Arismendi Morales
La democratización del acceso a la formación universitaria pública mediante la gratuidad representa una de las conquistas sociales e institucionales más relevantes de las últimas décadas en Colombia. Esta política tiene sus raíces en las movilizaciones estudiantiles del estallido social del 2019 y en la búsqueda de equidad territorial, formalizándose como política de Estado mediante la Ley 2159 de 2021 y reforzándose con el documento CONPES 4040.
Durante la administración del presidente Gustavo Petro, la gratuidad en la educación superior pública se consolidó a través del programa “Puedo Estudiar” y la Ley 2307 de 2023, buscando universalizar progresivamente la matrícula cero, flexibilizar requisitos de acceso para estratos vulnerables y ampliar la cobertura en regiones que requieren cerrar brechas educativas como La Guajira.
En la actualidad, el funcionamiento de esta política enfrenta serias restricciones presupuestales a nivel macroeconómico y fiscal. Las presiones de la deuda pública, la caída en los ingresos fiscales y el techo de gasto nacional han generado un estrechamiento en el marco fiscal de mediano y largo plazo que reducen las transferencias del Gobierno Central hacia los fondos que financian el sistema de educación superior pública en las regiones.
El panorama de financiamiento hacia el 2027 es limitado con la aprobación del presupuesto nacional. Si bien se mantiene la política y su progresividad, el reto para el sistema universitario es trabajar en esquemas de sostenibilidad financiera de corto plazo, revisando la fórmula de la Ley 30 de 1992 para que los aportes de la Nación no crezcan únicamente al ritmo de la inflación, sino en función del aumento real de la matrícula y las necesidades operativas de las universidades.
En este complejo panorama, la situación de la Universidad de La Guajira adquiere una connotación crítica ante la previsión de un recorte presupuestal por la gratuidad proyectado del 78 %, ya que pasará de recibir $ 3.011 millones a $ 653 millones. Enfrentar una reducción de esta magnitud pone en grave riesgo la continuidad de la ampliación de cobertura de los programas académicos, la permanencia estudiantil de comunidades vulnerables y étnicas, así como la liquidez operativa del alma máter regional.
Frente a un recorte tan severo, la institución deberá priorizar la reestructuración de su gasto, salvaguardando los costos docentes y el bienestar estudiantil directo, mientras renegocia los convenios de cofinanciación con la Nación y la Gobernación Departamental para recurrir a recursos del Sistema General de Regalías que amortigüen la coyuntura.
Ante estos desafíos fiscales, las universidades regionales beneficiarias del programa deben adoptar un conjunto de medidas estratégicas de mitigación y gestión administrativa. En primer lugar, resulta indispensable avanzar hacia la optimización del gasto corriente, la austeridad administrativa y la modernización de los procesos operativos internos.
En segundo lugar, es prioritario diversificar las fuentes de ingresos propios mediante la venta de servicios de consultoría, investigación aplicada, extensión y la creación de alianzas público-privadas con sectores estratégicos del territorio. Las instituciones regionales deben fortalecer la cooperación interinstitucional mediante redes universitarias para compartir recursos tecnológicos, infraestructura y oferta académica, consolidando una vocación territorial sostenible ante las fluctuaciones del presupuesto nacional en tiempos de ajustes fiscales.
