Por: Luis Guillermo Baquero
Gerente de la Mesa Más La Guajira
La Guajira se ha convertido en el epicentro energético del país, como una matriz diversificada y con diferentes propósitos (generación, transmisión, extracción, exportación). Es el departamento del país que está presente, en casi toda la matriz energética nacional y con un potencial exportador de primer nivel.
Esta realidad sitúa a La Guajira en un lugar privilegiado para impulsar la economía regional y nacional en los próximos años. No obstante, el principal reto para el construcción y operación de los proyectos en el departamento tiene que ver con el licenciamiento ambiental y la construcción de relaciones armónicas, de confianza y de largo plazo con las comunidades étnicas del territorio.
Las empresas del sector minero energético que se encuentran en la zona, se han aproximado a las comunidades como uno de los principios constitucionales y en el marco del Convenio 169 de la OIT; según los cuales, los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias y el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
No obstante, a pesar de cultivar ese relacionamiento y compromisos con las comunidades, los conflictos sociales que surgen en estos proyectos resultan diversos y en muchas oportunidades el acompañamiento de las autoridades locales y nacionales ha sido indispensable. En efecto, la institucionalidad y los profesionales de las oficinas de asuntos indígenas del Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira y las alcaldías locales son altamente respetadas por la población Guajira y dan garantía y sostenibilidad a los acuerdos alcanzados.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga – COLFECAR compartió que en el mes de enero La Guajira ocupó el segundo puesto a nivel país con más bloqueos registrados, para un total de 18 bloqueos que sumaron 485 horas. La mayoría de los bloqueos no tiene relación alguna con la ejecución de los proyectos ni de los acuerdos de consulta previa; en cambio tienen que ver, por ejemplo, con necesidades de transporte escolar, precarias condiciones en la calidad de vida, incumplimiento de acuerdos por autoridades locales, seguridad vial, situaciones que aún se encuentran sin solución alguna.
Estas situaciones no solo afectan el cronograma de cumplimiento de las empresas del sector minero energético, sino que también impactan la economía de La Guajira, el traslado de los insumos de la canasta familiar, las emergencias hospitalarias, la sana convivencia entre comunidades, y muchos otros factores que ya conoce el gobierno departamental. Por lo anterior, resulta imprescindible la articulación y conformación de un equipo intergubernamental con experiencia en manejo de conflictos, poder decisivo y con permanencia en la zona para mitigar bloqueos.
Además, desde estas empresas se le hace un llamado persistente a la fuerza pública para prevenir atentados, secuestros, hurtos y demás delitos que se presentan en el territorio. El acompañamiento permanente de los profesionales, unificados de las carteras de Minas y Energías, Defensa e Interior; son claves para avanzar oportunamente en el desarrollo de los proyectos estratégicos para la transición energética y el desarrollo de La Guajira.
Pero más allá de todo lo mencionado anteriormente, otorgar ese bienestar a las comunidades, aún más allá de las compensaciones, responsabilidad empresarial e inversiones colectivas, esto va en el fortalecimiento de ese relacionamiento mediante círculos de confianza, en donde se logre el equilibrio entre las necesidades de las poblaciones y las verdaderas competencias de la inversión privada en la zona.
Las empresas que conforman la Mesa Más La Guajira propician y agotan todas las instancias para alcanzar acuerdos satisfactorios y sostenibles, proteger la vida y la integridad de sus colaboradores, contratistas y comunidades y propender por la libre operación y tránsito en la zona, pero se requiere mayor capacidad y articulación institucional para asegurar el desarrollo de las operaciones de manera ininterrumpida.
