*Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de sus creadores y no reflejan la posición editorial de revistaentornos.com
Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
Como bien dijo el cuarto hombre más rico del mundo, según el listado de la revista Forbes para el 2020, Warren Buffet, cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo. Esto ha ocurrido en Colombia con ocasión de la pandemia del COVID-19: salieron a flote las debilidades y falencias, entre ellas la debilidad estructural de las finanzas territoriales, la cual se vio agravada por la virtual parálisis de la economía nacional. Ya no se hacen previsiones sobre la tasa de crecimiento del PIB para este año, sino sobre el tamaño de su contracción, la que nos llevará a la peor recesión registrada desde la guerra de los Mil días.
La brutal contracción de la economía trajo consigo un desplome del recaudo de los impuestos territoriales, entre ellos el impuesto al consumo de la cerveza, los licores y los cigarrillos, principal fuente de recursos propios de los departamentos, junto con el de los vehículos y los ingresos provenientes del registro y anotación de las estampillas. Un estudio de la Federación de Departamentos estima esta mengua en estos, que son los ingresos propios, del orden del 45%. Y de contera, también verán reducidas las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), debido a la notable reducción de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), que son la base del cálculo y liquidación de las mismas.
Contenido sugerido:
Este es el panorama general, pero el de La Guajira es mucho más patético, habida cuenta que a su pérdida de gobernabilidad se le vino a añadir su inviabilidad fiscal. Como es bien sabido, ello había llevado a La Guajira al borde de convertirse en un Departamento fallido, al punto que el Gobierno Nacional tomó la determinación de intervenir la salud, la educación y el abastecimiento de agua potable, es decir, las competencias propias de la entidad territorial. La misma se hizo efectiva a partir del 21 de febrero de 2017 mediante el Documento CONPES 3883 y extendida a través del Documento CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020. Sólo ante la insistencia del Gobernador Nemesio Roys, en medio de la pandemia del COVID-19, le fue devuelta la competencia en salud, quedando en manos del Departamento nuevamente la desastrada red hospitalaria, al tope en la actual coyuntura.
El mayor reto en las actuales circunstancias para las entidades territoriales en general es el poder arbitrar recursos propios para el financiamiento de sus presupuestos, pero el caso de La Guajira es aún más critico, dado que, como lo ha podido establecer el Centro de Pensamiento Guajira 360º, la presión fiscal, entendida como recaudo/PIB en el Departamento es el más bajo de la región Caribe, siendo que este se sitúa muy por debajo del promedio nacional. A ello ha contribuido y de qué modo la nefasta reforma del régimen de regalías en 2011 (Acto legislativo 05), que se las recortó sensiblemente al Departamento y que ahora con la nueva reforma (Acto legislativo 05 de 2019/Ley 2056 de 2020) se morigera, así sea parcialmente.
El Congreso de la República dispuso crear una Misión, mediante la Ley 1962, para que le recomiende un ajuste del Sistema General de Participaciones (SGP), con miras a su fortalecimiento y ordenó crear una Comisión de expertos, a través de la Ley 1943 de 2018, que le proponga una reforma para el fortalecimiento de los tributos territoriales. Ojalá que sus conclusiones no se queden en el papel, como ha ocurrido con tantas otras misiones y comisiones, que sólo han servido de garlito para salir del paso, porque lo que antes era una necesidad ahora es una urgencia manifiesta.
Pero la asfixiante situación fiscal del Departamento de La Guajira no da espera, por ello el Gobernador Nemesio Roys se vio precisado a sincerar las finanzas del Departamento y con tal fin acudió a la Asamblea Departamental, para que esta lo facultara, como en efecto lo hizo mediante la Ordenanza 512 de 2020, para solicitarle y celebrar con la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda un Acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos prescritos por la Ley 550 de 1999.
De logarse este propósito, como se espera, el hipotecado Departamento podrá avanzar en un acuerdo de pagos con sus acreedores, para poder saldar la deuda que a marzo 31 de este año ascendía a los $ 623.037.170.179.20, que no es de poca monta y así poner las cuentas en orden, en blanco y negro y con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda lograr la estabilidad fiscal y con esta recobrar la confianza perdida en su gestión fiscal. Huelga decir que los recursos provenientes de las asignaciones del Sistema General de Regalías (SGR), fuente principal de financiamiento de su presupuesto de inversión, no se verán afectados ni comprometidos en dicho Acuerdo.
