Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, señalan en un informe conjunto y una publicación multimedia que la pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento dispuestas para contenerla están provocando que les resulte aún más difícil sobrevivir a los wayuu, un pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela.
Aseguran que a causa de la pandemia y el aislamiento, a los miembros del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, les resulta sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca.
Sugieren además que el Gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu.
“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid-19”, agrega.
La publicación multimedia, “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias wayuu en una región marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud.
La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición.
También recuerdan que la Corte Constitucional de Colombia ha concluido que las actividades mineras en la región también han degradado la calidad del agua y el acceso a esta para algunas comunidades wayuu.
En enero de 2020, investigadores de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, basado en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, entrevistaron a más de 150 personas en La Guajira y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales.
Entre enero y junio, investigadores de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria llevaron a cabo otras 42 entrevistas telefónicas. También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción.
