El Departamento Administrativo de la Función Pública estima que se han generado ahorros por valor de $4.324 millones a los colombianos gracias a la automatización de los trámites para la expedición y actualización del Registro Único Tributario (RUT) a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y que hace parte del balance del primer año de entrada en vigencia del Decreto Ley Antitrámites 2106 de 2019.
“Valoramos mucho la gestión que han venido adelantando todas las entidades del Estado para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Hacer más eficiente nuestra gestión y modernizar la administración pública del país. Desde Función Pública seguiremos apoyando a todas las instituciones para que se cuente con una mejor experiencia a la hora de hacer algún trámite u otro procedimiento administrativo”, indicó el director de Función Pública, Fernando Grillo.
Otro de los beneficios hacia los colombianos está dado por la simplificación del trámite de importaciones del régimen de licencia previa, en el marco de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el que se alcanzó un ahorro de $3.761 millones. De igual manera, se destaca el avance en la simplificación y reducción de tiempo para la obtención de la autorización que emite la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la instalación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito y que ha permitido un ahorro de $395 millones.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores también hizo parte de los ahorros en trámites a los colombianos que viven en el exterior. La Cancillería mejoró el proceso para la recuperación de la ciudadanía colombiana. También digitalizó la expedición del certificado de supervivencia para los colombianos jubilados que viven en el exterior. Los dos procedimientos administrativos significaron un ahorro de $153 millones.
Acerca del Decreto LEY
Tras la aprobación de las Facultades Extraordinarias al Presidente Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento Administrativo de la Función Pública lideró las mesas de trabajo para la articulación de los 24 sectores de Gobierno, así como las entidades territoriales y gremios empresariales. Fueron tres los pilares de la construcción: la Legalidad, la Equidad y la Lucha contra la Corrupción. Durante el diálogo e identificación de trámites a ser revisados, se recibieron 1.800 propuestas que se incorporaron en el articulado del Decreto Ley.
Fuente: Función Pública.
