Por Weildler Guerra Curvelo*.
Según lo pactado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, “expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente”. Colombia no es ajena a ese esfuerzo y en los últimos años han aumentado los proyectos de energía eólica y fotovoltaica. Una de esas zonas es La Guajira, un departamento que por sus condiciones de luminosidad solar y el potencial de sus vientos permitiría doblar la generación del sistema eléctrico nacional. Por ello, esta entidad territorial podría convertirse en el epicentro de las inversiones en este campo.
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Adoptar fuentes de energía no contaminantes no implica, sin embargo, que este tipo de proyectos no pueden generar impactos ambientales y sociales significativos en las zonas donde serán emplazados, especialmente si se trata de pueblos indígenas con una dolorosa trayectoria de experiencias traumáticas en materia de proyectos de desarrollo. La primera regla de juego sería que las consultas previas realmente lo sean. El tema de los potenciales impactos debe ser un componente central en este proceso. La experiencia ha mostrado que estos temas suelen ser secundarios en las conversaciones y que algunas empresas cargan catálogos de compensaciones materiales dirigidas a las comunidades, como si se tratase de experimentados vendedores de productos cosméticos frente a ávidos consumidores.
Han surgido también las “empresas máscaras”, que son las que aparecen como interlocutoras en las consultas y gestionan la licencia ambiental. Una vez obtenida esta, emergen poderosos grupos económicos extranjeros que son los reales dueños de los proyectos. Este tipo de iniciativas no generan regalías. Si las comunidades aportan sus territorios y las empresas aportan capital, gerencia y tecnología, ¿no deberían asociarse en estos proyectos?
Un elemento principal en la agenda es el de la afectación de los territorios en los que se emplazarán las gigantescas torres eólicas o las granjas solares. Estas pueden requerir en conjunto miles de hectáreas. Los territorios poseen un sentido para quienes los habitan. Ellos reflejan un orden territorial primigenio en el que cada lugar puede definirse como una pieza particular de espacio que está demarcado social e ideológicamente y está conectado con otros lugares. Los sitios de importancia mitológica, como algunos cerros, rocas o fuentes de agua, se convierten en un símbolo dentro del sistema complejo de comunicación en el universo social total. Es aquí en donde surgen los interrogantes sobre los efectos de supresión o interferencia que tendrán estas gigantescas modificaciones físicas sobre la inteligibilidad del territorio y el paisaje, pues ellos están dotados de ricas estructuras narrativas.
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Los proyectos de desarrollo en el pasado han generado grandes enclaves tecnológicos, económicos y culturales en la península con una baja articulación con la economía local. Sus beneficios económicos sin duda se han esparcido por toda la galleta nacional, pero sus costos ambientales y sociales solo han afectado dramáticamente las vidas y el entorno de quienes históricamente se encuentran en su área de influencia inmediata. En consecuencia, energías limpias requerirán de reglas de juego limpias.
*Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de sus creadores y no reflejan la posición editorial de revistaentornos.com
