Por Amylkar D. Acosta M. – Exministro de Minas y Energía y Miembro de número de la ACCE.
“El camino al infierno está empedrado con buenas intenciones”
Dante. La divina comedia
En días pasados, en una entrevista para el diario El Tiempo, el Senador y aspirante a la Presidencia de La república Gustavo Petro afirmó sin titubear que, de llegar a la Casa de Nariño, la primera decisión que tomará “es el cese de la contratación de exploración petrolera”, afirmación esta que suscitó una gran controversia en el país. Y no es para menos, habida consideración que, si bien Colombia no puede calificarse como un país petrolero, dada la precariedad de sus reservas y el modesto volumen de su producción y por ello mismo irrelevante en el mercado internacional del crudo, con una participación del 0.75% de la oferta mundial, su economía depende del mismo.
El sector de los hidrocarburos contribuye con el 5% del PIB, dinamizando el crecimiento de la economía, por décadas ha sido y sigue siendo el primer renglón de exportación y por ende el mayor generador de divisas, no sólo por concepto de las exportaciones sino también por la vía de la inversión extranjera directa (IED), toda vez que el sector petrolero es receptor del 27% de la misma. En la última década ha representado el 40% de las exportaciones totales, al tiempo que ha contribuido con un promedio de $18 billones anuales en pago de impuestos y dividendos al fisco nacional y $6 billones adicionales, por concepto de regalías a las entidades territoriales.
Como es apenas obvio, si se frena la exploración se aleja la posibilidad de nuevos hallazgos que permitan reponer los volúmenes de petróleo extraídos y detenga la caída de la producción desde el millón de barriles/día en 2013 a sólo 750.000 actualmente, concomitantemente con la declinación de las reservas, la cuales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) han pasado, para el mismo período, de 2.445 millones de barriles a 1.816 millones, las cuales sólo alcanzan para 5.3 años más de autoabastecimiento.
Según el Senador Petro, “hay doce años hacia delante, 2034, donde está previsto que nuestras reservas aguanten”. Ello sólo sería posible si el país deja de exportar y limita su producción sólo para abastecer el consumo doméstico. Ello agravaría aún más la aterradora perspectiva planteada por el Banco de la República en su reciente Informe de Política monetaria, según la cual “se espera una expansión del déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos al 5.3% del PIB”.
Ello precipitaría, además, una hiperdevaluación del peso, una inflación galopante, agravaría el déficit fiscal y dispararía la deuda pública, ya de por sí elevada (61.4% del PIB al cierre del 2020), con todas sus consecuencias colaterales. Este sería un escenario catastrófico para el país, que vería además aún más ralentizado su crecimiento del PIB, lo cual repercutiría en un agravamiento del desempleo y la pobreza, sobre todo en aquellas regiones en donde opera la actividad petrolera.
Coincidimos con el Senador Petro en que “hay que hacer una transición hacia las energías limpias. Si no lo hacemos, será una tragedia en términos sociales” y añadiría yo, ambientales. De ello estamos advertidos, dado que luego del Acuerdo de París (COP21/2015), las fuentes primarias de energía de origen fósil, sobre todo el carbón y el petróleo, quedaron en el lugar equivocado de la historia. Su suerte está echada. Como lo afirma la ex secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático Christiana Figueres, llegó la hora de reconocer que ellas tuvieron su momento de sol “pero hoy están en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarles alternativas rápidas ya”.
Y la prudencia aconseja, como lo plantea el mismo Petro “una transición tranquila”, sin sobresaltos ni traumatismos como los que se derivarían de una decisión tomada en volandas, como la anunciada por él, pues ello sería un salto al vacío. Citando al poeta Machado, digamos “despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”.
La propia Agencia Internacional de Energía (AIE), a pesar de estar alineada con el Acuerdo de Paris, advierte que solo hacia el año 2030 se empezará a aplanar la curva de la demanda de petróleo. Es decir, nos va a tocar convivir por otro largo rato con el petróleo y sus derivados y el crudo que eventualmente deje de producir Colombia lo producirán otros países, desde donde tendríamos que importarlo para cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. Estas demandan diariamente 360 mil barriles para su refinación y producir los combustibles que consume el parque automotor y su importación le costaría al país US $16.000 millones, una cifra similar a la que el país dejaría de recibir si pasa de ser exportador a importador de crudo. Y cabe preguntarse de dónde habrán de salir.
Lo que el Senador Petro plantea como punto de partida debe ser la meta a alcanzar, no se puede llegar a la tarde si pasar por el medio día. Lo primero es lo primero y la primera prioridad como política de Estado es la seguridad energética, como se ha puesto de manifiesto a raíz de la crisis energética que afrontan Europa y Asia. No podemos renunciar prematuramente al petróleo, pues este es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, pues peor que depender del petróleo es depender de sus importaciones.
