Por Cristian David Arismendi Rodríguez
En el Senado de la República, continúa un plan tortuga para retrasar el debate sobre la reforma pensional mediante la táctica de romper el quórum. Con esta estrategia se podría “hundir” el proyecto de ley, el cual requiere cuatro debates en un máximo de dos legislaturas para convertirse en ley, siendo necesario aprobarlo antes del 20 de junio de 2024.
Si bien es legítimo romper el quórum, resulta contradictorio que algunos senadores, por un lado, manifiesten preocupación por las pensiones de los colombianos, pero por otro, no sean parte de la solución, omitiendo su deber constitucional de legislar para construir un verdadero sistema pensional que permita que más colombianos logren una vejez digna.
El sistema actual enfrenta diversas deficiencias, principalmente porque opera en un mercado imperfecto. Además, se caracteriza por su falta de equidad y sostenibilidad. Sin embargo, la mayor dificultad es que no está cumpliendo con su principal objetivo: pensionar. A la fecha, solo 1 de cada 4 adultos mayores logran acceder al derecho pensional. ¡Solo 1!
El Sistema General de Pensiones, establecido en la famosa Ley 100 de 1993, está dividido en dos regímenes: el público, denominado Régimen de Prima Media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones, y el privado, denominado Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Ambos manejan distintos requisitos para pensionarse. En el primero, se requiere una edad de 57 años para mujeres y 62 para hombres, y 1300 semanas. Un año equivale a 50 semanas, es decir, se requieren 26 años de cotización. El monto de la pensión dependerá de la cantidad de semanas y el valor de las cotizaciones realizadas.
En el segundo, no se requiere edad ni semanas, sino acumular el suficiente capital en la cuenta de ahorros que permita obtener una pensión. El monto de la pensión dependerá de los ahorros y sus rendimientos. Se estima que para acceder a la pensión se deben ahorrar por lo menos $ 330 millones en la cuenta. La conversión en años para alcanzar este monto resulta sumamente alta para quienes tienen menos ingresos.
Ahora bien, en caso de que no se logre ahorrar el suficiente capital, se podrá acceder a una pensión de 1 smmlv si se cumple con la edad y se tienen 1150 semanas cotizadas.
Las deficiencias de este sistema dualista y de rivalidades entre regímenes se evidencian con los datos. Mientras que el público tiene 6.8 millones de afiliados, 2.2 millones de cotizantes y 1.65 millones de pensionados, el privado tiene 19 millones de afiliados, 7.8 millones de cotizantes y tan solo 300.000 pensionados. Teniendo menores números el sistema público ha pensionado 5 veces más personas que el privado.
Esta inequidad se profundiza con los montos de las pensiones. Mientras que Colpensiones reconoce pensiones de 1 a 25 smmlv, en los fondos privados oscilan entre 1 a 3 smmlv.
Más allá de los requisitos y montos, el problema radica en la falta de garantía del derecho a la pensión. A pesar de destinar aproximadamente $ 18 billones anuales del PGN para el sostenimiento del sistema, solo el 25% de la población logra pensionarse. ¿Y el resto? Sin derechos, sin cobertura y sin protección para la vejez.
La propuesta de reforma pensional del Gobierno, que sigue las recomendaciones de la OIT y del Banco Mundial, consiste en un sistema de pilares en el que se mantienen los requisitos actuales de pensión, se incluyen diversos beneficios e instrumentos que facilitan su acceso y crea distintas prestaciones vitalicias para aquellos que, por distintas dificultades, no lograron acceder a la pensión.
Con ello, la mayoría de los adultos mayores tendrán garantizada una prestación económica mensual durante su vejez. A diferencia del sistema actual en el que, si no se cumplen con los requisitos, se deja desprotegidas a las personas.
Para la ciudadanía, es crucial dar seguimiento al debate. Más en departamentos como La Guajira, donde el número de adultos mayores sin pensión y protección es significativamente alto. Evitar el debate sobre la reforma no soluciona el problema en cuestión. Es esencial abordar los desafíos a través del diálogo constructivo y la participación activa de todas las partes.
