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Por Abel Medina Sierra – Investigador cultural
El 21 de octubre del año 2020, la Asamblea Departamental de La Guajira, aprobó la Ordenanza número 512, a través de la cual, le daba vía libre a la solicitud del gobernador Nemesio Roys Garzón para que, el ente administrativo iniciara su acogimiento a la ley 550, una medida urgente para afrontar la crisis financiera del departamento. Se trataba de la gran apuesta del gobernador para sortear la precaria situación financiera con un escenario inviable de múltiples demandas, embargos e incumplimientos de pago a empleados y acreedores.
La ley 550 de 1990, fue un instrumento legal creado por el Estado para que, tanto las entidades privadas como públicas, tuvieran un salvavidas que evitara su quiebra (en el caso privado) o la cesación de pagos, insolvencia y parálisis administrativa por embargos por parte de los entes públicos. La decisión tomada por el gobernador de La Guajira y refrendada por la Asamblea, fue no solo pertinente, sino oportuna. Con la ley se viene el acompañamiento del Ministerio de Hacienda que sirve como garante y monitorea el proceso. Lo cierto es que, solo durante estos últimos días se convocó a los acreedores para aprobar el acuerdo de reestructuración de pasivos que, no es otra cosa que el orden de prioridades para pagar las acreencias que tiene el Departamento, las fuentes de ahorro y financiación del mismo acuerdo.
Solo en esta convocatoria fue que, los trabajadores de la cultura pudieron conocer lo mal librado que salió el sector en este escenario, situación que tiene a algunos consejeros de cultura en modo indignación con tendencia a la frustración. Las rentas de las que echa mano el Departamento para esa bolsa de la que tomará para cumplir con el acuerdo de reestructuración de pasivos afecta varios recaudos, uno de ellos son las estampillas, a la que no escapa la estampilla pro cultura. La pignoración, es de nada menos el 20% durante los años 2022 y 2023, pero el mordisco se hace más grande porque a partir del 2024 y hasta el 2030, sube al 30%.
Esto es llevar la casi exclusiva fuente de financiación de la cultura y las artes a sus mínimos presupuestales, si tenemos en cuenta que estos recursos ya vienen con descuentos obligatorios como el 20% que se va para el pasivo pensional del Departamento, un 10% para los BEPS de cultura, otro 10% para la red de bibliotecas. Analistas del sector cultural, han echado calculadora para precisar que, si antes el recaudo de la estampilla pro cultura podía llegar a unos mil millones de pesos, de los cuales unos 600 se usaban para financiar procesos culturales y artísticos. Con la ley 550 si acaso llegarán a 300 millones, algo así como la cuarta parte de lo que municipios como Riohacha destina al sector.
Ahora bien, cualquiera podría decir que ese sacrificio se compensa con el pago de recursos de ordenanza atrasados al Fondo Mixto de Cultura de La Guajira, entidad que arrastra deudas de más de dos mil millones de pesos, precisamente por los incumplimientos de la Gobernación en el giro de esos aportes. Pues resulta que, en el acuerdo de reestructuración al Fondo Mixto fue uno de los que peor les fue. Se encuentra nada menos que en el vagón de cola de prioridades para el pago de acreencias. La cultura no tuvo dolientes entre los que se sentaron a formular ese acuerdo, pues en lugar de categorizar al Fondo de cultura como una entidad mixta que cumple con fines del Estado como lo han determinado varias sentencias, lo encasilló en el mismo lugar que cualquier acreedor privado, lo que lo relega a los últimos en prioridad de pago.
Pese al cabildeo que algunos gestores hicieron para un mejor trato al sector en este acuerdo, es evidente que no hubo interés en echarle una manita el sector. Todo esto explica por qué, la campaña mediática para usar atuendos afros o wayuu sea lo único que tiene el Departamento para mostrar en cultura este año, nada de procesos ni fomento. Ya los miembros del Consejo Departamental de Cultura se declaran en rebeldía y exigen respuestas del Gobernador de quien esperaban mayor compromiso con la cultura.
