El Grupo Energía Bogotá (GEB) anunció una donación por $10.000 millones de pesos en apoyo a las poblaciones más vulnerables de Colombia, ante la difícil situación que viven actualmente por la pandemia del COVID-19.
Los recursos se destinarán a la entrega de mercados, suministros médicos y tabletas para niños y adolescentes en diferentes municipios del país.
En las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos de transmisión y los activos en operación, en 18 departamentos, el Grupo está entregando más de 30.000 mercados a igual número de familias.
También distribuye elementos de protección desechables (mascarillas, polainas, guantes, sábanas) para personal médico y paramédico, y para uso y destinación definidos por las diferentes secretarías de Salud y sus hospitales públicos.
Inicialmente se han entregado en Cartagena, Turbano y Santa Rosa de Lima Norte y próximamente se hará en Cesar, Magdalena y La Guajira.
Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, explicó que se trata de mercados con productos básicos de la canasta familiar y destacó que en la normalidad como las situaciones de crisis, las empresas deben ser las grandes aliadas de las comunidades y del país, para impulsar su recuperación y crecimiento económico, llevando bienestar y progreso.
“Más allá de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica y gas natural, el Grupo Energía Bogotá tiene un compromiso social con las comunidades en los territorios donde tiene presencia y con Bogotá, la ciudad en la que el GEB nació hace 124 años y a la que estamos estrechamente ligados”, subrayó Ortega.
Los colaboradores del Grupo también se han sumado a diferentes iniciativas humanitarias. En Colombia lo han hecho por medio de donaciones de una parte de sus salarios para apoyar programas como ‘Bogotá Solidaria en Casa’, que se enfoca en atender a las poblaciones más vulnerables, y para la compra de insumos de protección para personal médico.
El GEB puso marcha Planes de Contingencia y Continuidad del Negocio para garantizar la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas, y un estricto Protocolo de Bioseguridad para colaboradores, contratistas y comunidades, que ha permitido mantener el 100% de las operaciones de transmisión de energía eléctrica y transporte de gas natural en el país.
