Por Abel Medina Sierra – Investigador cultural
El Estado colombiano y los grupos étnicos vienen concertando, desde hace varios años, la aprobación de un instrumento jurídico que legalice el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). La propuesta fue inicialmente presentada en el 2007, luego ante el Ministerio de Educación Nacional en el 2019, teniendo como instancia de consenso a la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas.
El SEIP tiene el muy justo espíritu de garantizar el derecho a una educación independiente de los pueblos indígenas, partiendo de la concepción de: (i) autonomía y libre autodeterminación, (ii) cosmovisión, (iii) espiritualidad indígena, (iv) lenguas nativas, (v) diversidad cultural, (vi) territorialidad, (vii) gobierno propio, (viii) familia indígena y (ix) memoria colectiva; todo esto dentro de las normas para el funcionamiento de los territorios indígenas, dispuesto en el artículo 329 y el artículo transitorio 56 de la Constitución Política Colombiana.
La concertación no ha sido fácil, pues en disputa está la administración de un servicio esencial como lo es la educación. La integralidad de la propuesta del SEIP incluye un componente administrativo y laboral, manejo de planta docente y administrativa que, de aprobarse, entrega la administración de la educación a los pueblos indígenas. Si bien es cierto que, los Pueblos Indígenas tienen un ámbito de autonomía, no es menos cierto que, el derecho a la educación sigue siendo responsabilidad del Estado, así que la regulación del Servicio Publico Educativo es competencia exclusiva y excluyente del Legislador. Ya la Corte Constitucional en diferentes sentencias, ha sustentado que no existe una autonomía absoluta sino relativa ya que, todos los ciudadanos forman parte de la Republica Unitaria, incluyendo a los Pueblos Indígenas.
En el caso de La Guajira, se han desarrollado mesas de socialización con algunos actores, pero, al conocer el texto del SEIP, más han sido las impugnaciones que los avales. La mayoría de objeciones vienen de parte de los docentes que trabajan en escuelas indígenas quienes ya, con respaldo sindical de Asodegua, están en abierta oposición a su implementación.
Por una parte, en las representaciones sociales de los docentes está el rotundo fracaso que representó el Anakuaipa, el antecedente más inmediato del SEIP. Fue también formulado e implementado por la organización Yanama. Pero, nunca hubo desarrollo curricular, acompañamiento, formación ni apropiación del modelo que buscaba una educación propia. Ya antes, la misma organización había liderado el modelo de educación bilingüe intercultural, sin avances empíricamente verificables. Yanama ha sido un permanente coadministrador de la educación indígena como unión temporal, pero, al decir de docentes étnicos, no es que haya mostrado experiencias inspiradoras en la implementación de los modelos que diseñan y esto hace que los maestros no confíen en sus propuestas.
A esto se suma, la falta de concertación con los que más saben de educación: los educadores. Y si, para ellos, el SEIP no es conveniente, es porque algo falta o sobra en el modelo. Por una parte, ven el riesgo que se viole su derecho a sindicalizarse. Algunas docentes me contaban que, en las plantas de docentes administradas por Yanama, no se les permite libertad de asociación sindical. Ya no serán docentes sino “dinamizadores” según propone el SEIP.
Para que la noble y pertinente intención del SEIP se concretice, no solo basta con lo que se propone en el documento. Una educación propia no bien implementada, corre el riesgo de excluir en lugar de insertar a los wayuu a la cultura nacional, siendo unidad integral del contexto socio cultural de la Nación. El modelo no debe ser para ensimismarse, sino para la interculturalidad, mucho más en el caso wayuu. El modelo debilita la enseñanza en lengua castellana para favorecer la materna. Pero, ya ellos tienen fluidez en la lengua materna oral, sino se lleva a la escritura no vale la pena y resulta que, son escasos los docentes que manejan la escritura. Muchos padres dicen: “yo llevo a mi hijo a la escuela para que aprenda a hablar español, porque ya sabe el wayuunaiki”.
Otra arista tiene que ver con la formación docente. Si se quiere un sistema de educación propia, se requiere Docentes Indígenas Propios. No hay en el país programas universitarios ni normalistas que tengan esta oferta. Un sistema como este, implica que los estudiantes ya no serán sujetos de evaluación por el Estado, nada de pruebas externas como Saber, ICFES, ni EPA. Se preguntaba una docente con la que conversé: ¿Acaso el estudiante se va a quedar en la ranchería? ¿Cómo se homologa su saber, cuando vaya a terminar bachillerato a la ciudad y pase a la universidad? Es decir, se corre el riesgo de acentuar las brechas entre el estudiante indígena rural y el de zona urbana. Sin que el Estado defina mecanismo de convalidación de los saberes propios, más serán los traumas que las ventajas para la movilidad académica de un estudiante indígena.
De otro lado, la facultad de inspección, vigilancia y control de los diferentes componentes del sistema educativo no es clara con el SEIP o, al menos aún no lo tienen claro los docentes. ¿Ya no será del Ministerio de educación y las secretarías? ¿Corresponde a una sola organización que funciona como unión temporal? ¿Lo reclamarán las autoridades tradicionales? Se teme que el remedio sea peor que la enfermedad. Es de todos sabidos que, la mayoría de docentes son parientes de las autoridades, no es menos desconocido que, como el caso de Uribia, las autoridades prefirieron como docentes a sus hijos, nietos o sobrinos bachilleres que a licenciados. El resultado: el municipio más rezagado en nivel educativo es Uribia. Los docentes étnicos también se han venido quejando de las veleidades y abusos de algunas autoridades con los docentes, a los que, incluso, les piden “peaje” mensual por haberles avalado su nombramiento o por su continuidad.
Una de las líderes de los docentes étnicos me expresaba que, el SEIP quiere una autonomía administrativa para algunos líderes wayuu que siempre han manejado ese sector, pero que en la docencia todo será lo mismo. “La disputa es por privilegios y no por los saberes” me contaba. “No hay una metodología propia, ni un diseño curricular, no se cuenta con los materiales, no tenemos la formación específica, no todos somos wayuu. Se necesita formarnos en investigación primero, diseño de materiales. Lo propio no riñe con la pedagogía y la didáctica occidental. Educación propia no es solo denme a mí el manejo del dinero” remataba la docente.
Ojalá, las buenas intenciones por un modelo de educación propia, no se quede en la futilidad del papel o en la disputa por privilegios; tampoco sea una estrategia de atomizar la administración de la educación, dejarla sin control y vigilancia, ensimismada en lo propio sin mirar lo externo. Para comenzar, hay que escuchar a los maestros y abrir el debate.
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