“En Prosperidad Social no vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad”: Sandra Suárez
La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, anunció una revisión técnica y jurídica de contratos, convenios y actuaciones administrativas correspondientes a la anterior administración, luego de recibir información y alertas que requieren ser verificadas.
Según explicó la funcionaria, la entidad encontró situaciones relacionadas con contratación, nombramientos, manejo de recursos y entrega de donaciones que serán analizadas por un equipo interdisciplinario para establecer qué ocurrió, verificar el cumplimiento de las normas y determinar las acciones que correspondan.
🔎 Estos son los principales asuntos que están bajo revisión:
• Contratos de altos montos: se analizarán aquellos cuya ejecución estuvo concentrada durante los meses de la campaña presidencial, con el fin de verificar su justificación, cumplimiento, ejecución y destinación de los recursos.
• Nombramientos en provisionalidad: se revisan más de una decena de casos frente a los cuales se han planteado dudas sobre el cumplimiento de los requisitos y las normas relacionadas con la carrera administrativa.
• Cerca de un billón de pesos: se verifica la situación de recursos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución, incluyendo sus soportes, procesos de legalización y estado de cierre.
• Más de 900 contratos de prestación de servicios: la entidad revisará si estaba debidamente sustentada la necesidad de estas contrataciones.
• Donaciones: se analizarán entregas realizadas durante el primer semestre de 2026, particularmente para establecer con claridad quiénes fueron sus beneficiarios finales.
• Procesos de difusión y otras actuaciones administrativas: también serán objeto de revisión diferentes procesos contractuales y administrativos.
La información que dio origen a estas verificaciones, de acuerdo con Prosperidad Social, proviene de alertas, denuncias y documentos aportados por funcionarios y organizaciones sindicales, así como de informes de organismos de control. Estos elementos están siendo contrastados por la entidad.
Para avanzar en el proceso, la directora dispuso un equipo interdisciplinario encargado de profundizar las auditorías y establecer el estado de los recursos públicos comprometidos.
“No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, afirmó Sandra Suárez.
La directora también señaló que los hechos que, después de la verificación, puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a los organismos de control y autoridades competentes.
Prosperidad Social aclaró que las revisiones corresponden a actuaciones de la administración anterior y que esta etapa no constituye una determinación de responsabilidad. La información deberá ser analizada y contrastada con rigor, garantizando el debido proceso.
El objetivo de la revisión es establecer qué ocurrió en cada caso y proteger los recursos públicos destinados al cumplimiento de la misión de Prosperidad Social.
“Cada peso público debe poder explicarse y cada decisión administrativa debe ajustarse a la ley”, agregó Suárez.
La entidad anunció que informará oportunamente sobre los avances y resultados que se obtengan durante este proceso.
