En La Guajira los días pasan como páginas idénticas de un libro que no tiene final a causa de los paros y bloqueos que se han convertido en una constante. Esto genera un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de la población. Este año en menos de 50 días ya se habían presentado varias manifestaciones en distintos puntos de la península, siendo la más reciente, el denominado «Paro departamental, campesino, étnico y popular», que terminó levantándose sin una interlocución real del Gobierno Nacional.
Las exigencias de los manifestantes no son nuevas y contemplan la implementación del acuerdo de paz, la inseguridad que enfrentan los líderes sociales y la falta de inversión en educación y salud, problemáticas recurrentes en el departamento cuya solución depende en gran medida del Gobierno Nacional. No obstante, en este momento, el ejecutivo atraviesa una profunda crisis ministerial que dejó al país sin claridad sobre quién está al mando de las diferentes carteras y toma las decisiones en estos asuntos, por lo cual no hubo un diálogo real y genuino con la comunidad. Leer más: “Dejaron un país totalmente endeudado y una plata para la implementación que nunca se vio reflejada en los territorios”, firmante de los acuerdos de paz.
Todo inició con el Consejo de Ministros que fue transmitido en vivo, donde se evidenciaron las profundas divisiones y diferencias entre los altos funcionarios. Poco después, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que había solicitado la renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos con el fin de reestructurar su gabinete. Varios ya han presentado su renuncia, lo que ha aumentado más incertidumbre.
En este contexto, resultó evidente que las demandas del paro, por más legítimas que fueran, difícilmente encontrarían respuesta en un gobierno más preocupado por su reorganización interna, que por la atención de conflictos sociales. Durante los días que duró la manifestación, el gobernador de La Guajira trató de apaciguar las aguas, mientras que de los altos funcionarios, solo hizo presencia el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Harman, dejando en el aire la duda de quién recibirá y dará seguimiento a los acuerdos alcanzados.
Es innegable que la protesta es un derecho fundamental y una herramienta legítima para exigir soluciones. Sin embargo, el contexto no fue el adecuado, ya que los manifestantes escogieron el peor momento para hacer sentir su voz, pues quienes debían atender sus reclamos estaban ocupados resolviendo su propia crisis. Esto redujo significativamente las posibilidades de obtener respuestas concretas y acuerdos viables.
Ahora que se levantó el paro, surgen varias incógnitas: ¿qué pasará con los acuerdos si no hubo una verdadera representación del gobierno en las mesas de diálogo? Si solo un funcionario atendió la situación, ¿a quién le llevarán estas peticiones en medio de una crisis ministerial aún sin resolver? Mientras el país sigue esperando la recomposición del gabinete, La Guajira permanece sumida en los mismos problemas de siempre.
