Se acaba de publicar el Índice Departamental de Competitividad 2023 (IDC) presentado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario. Una vez más, el departamento de La Guajira ocupa los últimos lugares (puesto 26) sin ningún aire de mejora, por el contrario, descendió un puesto en el ranking, comparándolo con el año 2022.
Es importante mencionar que esta medición nacional es una adaptación del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial y se conforma desde los indicadores que provienen de fuentes oficiales del orden nacional. La medición 2023 incluye 108 indicadores distribuidos en cuatro factores de competitividad y 13 pilares.
Los resultados de La Guajira evidencian problemas estructurales y denotan la multicausalidad de la crisis social y económica del territorio. Además, demuestra que no se han implementado estrategias focalizadas para generar crecimiento en cada uno de los pilares y que no se le ha prestado importancia para la toma de decisiones de política pública.
Uno de los pilares donde existe mayor rezago es en las instituciones. La Guajira ha navegado por la inestabilidad política durante la última década, lo cual se ve reflejado en el penúltimo lugar en el que se ubica el departamento a nivel nacional. El desempeño administrativo, la gestión fiscal y los indicadores asociados a la transparencia y contratación pública explican por qué el departamento no cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de obras de impacto. Un departamento dependiente de las regalías y los recursos del sistema general de participaciones, difícilmente podrá aportar al mejoramiento social y económico del territorio.
Otro pilar rezagado es el de salud. Las acciones destinadas para la protección integral a la primera infancia han sido insuficientes. Debe ser una prioridad nacional disminuir la mortalidad materno infantil. Se han destinado cuantiosos recursos para este propósito, no obstante, las políticas centralizadas que no lo abordan como un problema multidimensional y también la corrupción en el manejo de los recursos de los programas no han permitido un mejor resultado en el penoso indicador.
Sumado a esto, La Guajira enfrenta desafíos en el sistema financiero, relacionado con la falta de acceso a servicios financieros y la precaria diversificación económica. Además, la informalidad laboral y el empleo vulnerable impacta negativamente en los resultados de eficiencia de los mercados.
Otro de los indicadores con mayor rezago es el de entorno para los negocios. Es urgente implementar estrategias de atracción de medianas y grandes empresas al departamento, se deben garantizar las condiciones habilitantes (servicios públicos, seguridad jurídica, trámites ágiles y transparentes) para que el sector privado tenga una mayor participación en la dinámica económica del departamento.
La situación que expone el índice pone en evidencia la razón del estancamiento del departamento, es indispensable garantizar la estabilidad institucional que permita la implementación de una agenda de desarrollo de largo plazo. Es necesaria la creación de una agenda clara que permita al departamento posicionarse nacional e internacionalmente, hay que persistir en la articulación entre las entidades del nivel nacional y local, entre el sector público, el privado y la sociedad civil del departamento.
El 2023 es un año electoral, y estos resultados deben ser un insumo para la formulación de los programas de gobierno de los candidatos. Desde estos indicados debemos plantear la discusión frente a lo que debemos exigir como territorio. No podemos quedarnos con el discurso que La Guajira cuenta con potencialidades en sectores como el del turismo, la agroindustria y el sector minero – energético. Debemos actuar y realizar enormes esfuerzos para que el departamento pueda volverse un territorio competitivo, próspero y sobre todo lleno de oportunidades para los guajiros.
