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Por Amylkar D. Acosta M. – Miembro de número de la ACCE.
En cuanto a la gestión y operatividad del Sistema General de Regalías (SGR), se dio un paso importante al reducir el número de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) de 1.152 a sólo ocho; seis regionales, más el de Paz y el de CTeI. Las regiones le ganaron el pulso al Gobierno nacional en el Congreso de la República en torno a la viabilización de los proyectos susceptibles de financiar con las regalías y a la secretaría técnica de los OCAD.
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El Gobierno nacional quizo arrogarse la competencia de la viabilización de todos los proyectos financiados con los recursos correspondientes a la Asignación para la Inversión Regional, pero finalmente se llegó a una solución de compromiso en la cual sólo el 40% de la misma estaría sujeta a la viabilización por parte de los ministerios y los departamentos administrativos y a la secretaría técnica del DNP. Aplica también este último caso cuando se involucren recursos de la Nación por la vía de la cofinanciación de proyectos o en aquellos casos en los que se comprometan vigencias futuras.
Empero, la distracción que causó el insulso debate a que dio lugar una interpretación equivocada del artículo 210 de la ponencia del proyecto de ley, permitió que se colara la facultad del Gobierno nacional para presentar proyectos a este OCAD con cargo a dichos recursos, que son de las regiones, sólo que ahora lo podrá hacer “previo acuerdo con las entidades territoriales”.
De resto, serán las entidades territoriales, así como también los pueblos indígenas, las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras las que en ejercicio de la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política, las que priorizarán y viabilizarán sus proyectos de inversión y ejercerán la secretaría técnica de los OCAD regionales a la hora de tramitar los proyectos a financiar con el 60% de la Asignación para la Inversión Regional. Esta es una gran reivindicación de la Autonomía territorial, ya que el 70% de los recursos de los del SGR se ejecutarán sin pasar por los OCAD, que se habían convertido en palos en las ruedas que frenaban la inversión de los mismos.
Ello entraña una responsabilidad mayor de parte de las autoridades de las entidades territoriales, que deberán garantizar un manejo pulcro y transparente de estos recursos, que por ser públicos son sagrados. Para ello es menester que se imponga el Gobierno abierto (en línea), para que la contratación y la ejecución de los proyectos se de a la luz pública, a la vista de todos y así hacer efectivo el control social. Herramientas como el Pliego tipo, dispuesto por la Ley 1882 de 2018 y el Mapa-Regalías pueden contribuir a ello, al tiempo que la Contraloría General de la República (CGR), dotada ahora de la competencia del control preventivo y concomitante, puede evitar que las regalías se esfumen o dilapiden. Y, desde luego, es de esperar que el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), que hace parte del SGR, sea más eficaz y operativo.
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En cuanto al presupuesto del SGR, la nueva Ley, que viene a sustituir la Ley 1530 de 2012 que reglamentó el Acto legislativo 05 de 2011, en esencia mantuvo la misma normatividad vigente. En síntesis, los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), tiene su propio presupuesto. Este, a diferencia del PGN es de caja y no de competencia, lo cual permite que los saldos sin ejecutar de una vigencia pasan, sin solución de continuidad, a la siguiente y de contera, en lugar de ser anual es bienal.
El acto legislativo 05 de 2019 y la ley que lo reglamenta se estrenará con el Presupuesto bienal 2021 – 2022. El proyecto de presupuesto para dicha vigencia está aforado en un monto de $15.4 billones de ingresos corrientes, inferior al del bienio anterior en un 16.8%, aunque a nuestro juicio resulta demasiado optimista a la luz de las proyecciones de la producción de hidrocarburos y carbón que contribuyen con el 80% de las regalías, así como las previsiones de sus precios internacionales que tienden a la baja.
Y no lo decimos a humo de paja, es que entre las previsiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que sirve de referencia para la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del Presupuesto del SGR, se contempla un precio promedio del crudo, que contribuye con el 76% de las regalías, para el año entrante de US $50.2 el barril y US 59 para el 2022, cuando parte del promedio estimado para este año de US $36.8 y la tendencia es hacia la baja y ¡no al alza! Huelga decir que la inversión de las regalías, que representan el 0.8% del PIB, está llamada a darle un gran impulso a la reactivación, habida cuenta que la misma contribuye con un punto porcentual del PIB nacional.
